El Gobierno cierra dos residencias de ancianos por su 'total precariedad'

El Gobierno regional ha abierto un expediente administrativo que se resolverá hoy con el cierre de dos residencias privadas de ancianos de Colmenar Viejo: La Milagrosa, ubicada en la calle del Reloj, 1, y Santa Rosa de Lima, en la calle de Prim, 14, ambas propiedad de los mismos dueños. Así lo anunció ayer Francisco Panadero, secretario general técnico de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad, quien justificó el cierre por las pésimas condiciones de higiene y atención detectadas en ambos centros por los inspectores de Servicios Sociales y de la Consejería de Sanidad, que han actuado de forma conjunta. En estas residencias han estado viviendo, durante los seis años que llevan abiertas, 48 ancianos.

Los internos han sido atendidos por extranjeros indocumentados y carentes de los conocimientos necesarios para desempeñar esa función. El cierre de las instalaciones se va a decretar después de que dos de estos empleados, de nacionalidad ecuatoriana, denunciaran a los dueños ante la Guardia Civil. Como consecuencia de esta denuncia, el matrimonio propietario de ambos centros, formado por Isabel Dosantos Prada, gallega de 49 años, y Rubén Pablo Aquino Morales, peruano de 37, fue detenido el pasado miércoles y puesto en libertad el viernes.

Los dos trabajadores denunciantes relataron las penosidades que habían padecido y la situación precaria en la que viven los internos. La investigación fue llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid. Sus agentes llegaron incluso a simular el ingreso de un anciano en una de las residencias y observaron que 'la situación era alarmante' y que 'el precario estado de los internos era total'. También comprobaron que 'los únicos trabajadores que se ocupaban de ellos eran ciudadanos ecuatorianos ilegales', sin titulación ni conocimientos específicos sobre ese puesto, y que lo mismo hacían labores de limpieza de instalaciones que se ocupaban de la higiene de los ancianos y de suministrarles la medicación.

Los investigadores de la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía determinaron la titularidad de las residencias y contactaron con Asuntos Sociales y Sanidad con el fin de que personal de estas consejerías les acompañase en una inspección conjunta y coordinada a los dos centros de Colmenar Viejo. Esta inspección puso de manifiesto que en cada una de las residencias trabajaban tres empleados -los cuales realizaban, seis días a la semana, una jornada laboral de 12 horas por 90.000 pesetas al mes-, que no existía auxiliar de clínica y que, al contrario de lo que exige la ley, las instalaciones carecían de patio.

Según explica en un comunicado la Jefatura Superior de Policía, únicamente un pequeño balcón permitía a los ancianos ponerse en contacto directo con la luz del día, y era patente la 'escasa higiene' de los lugares donde se almacenaban los medicamentos. Además, si querían hacer ejercicio, el único lugar del que disponían los internos era el pasillo.

Franciso Panadero, secretario general técnico de la Consejería de Servicios Sociales, confirmó ayer a este periódico todos esos detalles. 'Las dos residencias han sido objeto, en los años que llevan abiertas, de cuatro expendientes [administrativos, y por tanto de tramitación mucho más lenta] por graves irregularidades. Cuando, primero la Guardia Civil y luego la Brigada de Extranjería, nos pidieron que les acompañásemos en la inspección, comprobamos que la situación de los residentes era muy deficiente, por lo que se ha abierto un expediente que se resolverá mañana [por hoy] con el cierre de las instalaciones', adelantó.

Vigilancia intensiva

Panadero añadió: 'Las dos residencias tenían en los últimos meses una vigilancia intensiva porque sabíamos que allí no se cumplía lo reglamentado. Las denuncias eran constantes y, por mucho que les hemos apercibido, no se han solucionado los problemas'. Según las denuncias, los centros atendían más pacientes de los permitidos y no contaban con el personal cualificado necesario. 'Las irregularidades eran continuas. La intervención de la Brigada de Extranjería, a partir de las denuncias de dos trabajadores, nos va a permitir actuar con más diligencia y efectuar el cierre rápidamente', explicó el secretario técnico de la Consejería de Servicios Sociales.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad confirmó ayer que un inspector de Salud Pública estuvo presente en la visita a estos dos centros de Colmenar Viejo.

Según el comunicado de la policía, 'la propietaria conocía con anterioridad cuándo se iban a realizar las inspecciones sanitarias' y, por tanto, 'procedía entonces a limpiar las instalaciones, proveer de comida la despensa y retirar los medicamentos del frigorífico, lugar que compartían con los alimentos'.

La nota policial también asegura que, 'a instancias de la dueña, se suministraban tranquilizantes a los ancianos que se quejaban de su situación; en ocasiones, cuando iban a recibir la visita de sus familiares, para que los encontrasen relajados'.

Cada anciano o su familia paga por ser atendido en estas residencias entre 135.000 y 150.000 pesetas al mes, según las posibilidades de cada uno. La Consejería de Servicios Sociales, precisó Panadero, desconocía las tarifas que tenían. 'Era una de las irregularidades que habíamos observado', admitió.

La investigación ha desvelado que en estos centros había personal extranjero indocumentado que no estaba dado de alta en la Seguridad Social y que recibía sueldos muy bajos por largas jornadas laborales: en cada una de las residencias había tres trabajadores con jornadas de 12 horas diarias, de ocho de la mañana a ocho de tarde. El siguiente periodo lo cubría un solo empleado en cada residencia. El sueldo que recibían era de 90.000 pesetas.

Una de las empleadas ha declarado ante la policía que vino a España con una carta de invitación de la propietaria de la residencia, Isabel Dosantos Prada. La policía investiga ahora denuncias contra esta mujer por falsificaciones de nóminas y documentaciones de algunos ancianos.

Una vez que el Gobierno regional decrete hoy el cierre de estas dos residencias de Colmenar Viejo, los encargados de la Consejería de Servicios Sociales se pondrán en contacto con las familias de los 48 ancianos que residen en ellas. 'Lo que nos preocupa ahora sobre todo son los ancianos', señaló Francisco Panadero. 'No queremos que su salida de estos centros sea traumática. Por eso nos pondremos al habla con las familias y, si alguno de ellos no tuviera parientes, la consejería se haría cargo del interno'.