Las secuelas del fuego

El incendio de Cazorla no sólo devastó 836 hectáreas de alto valor ecológico. También suscitó un agrio debate político y social con el funcionamiento del plan Infoca como telón de fondo. El Partido Popular incluyó este tema entre el amplio paquete de peticiones de comisión de investigación en el Parlamento andaluz al cuestionar la operatividad de la empresa pública Egmasa, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. No obstante, esta petición parece haber caído en el sueño de los justos ya que el fin de los incendios ha eclipsado esta polémica.

También Izquierda Unida criticó el recorte en el número de retenes en el parque de Cazorla en los últimos años, lo mismo que hicieron los empresarios de hostelería de la comarca. Precisamente, la vertiente judicial del incendio contempla también las querellas que el sindicato UGT y el comité intercentros del plan Infoca pusieron contra los máximos responsables de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía y de Jaén.

A pesar de la mediación realizada por el consejero de Presidencia y secretario de los socialistas de Jaén, Gaspar Zarrías -que alertó del daño para la imagen del parque de estas acciones judiciales- las querellas siguen adelante.

Mientras tanto, la Consejería de Medio Ambiente ha iniciado las primeras actuaciones de su plan de actuación para combatir la erosión en la zona quemada, que incluye un plan de reforestación y la prohibición del pastoreo.