El Gobierno recurre el cierre del área de El Pinar clausurada por supuestos malos tratos

Esperanza García, gerente del Instituto del Menor y de la Familia de la Comunidad de Madrid anunció ayer que la Consejería de Servicios Sociales ha interpuesto un recurso contra el cierre cautelar del módulo 0 del reformatorio El Pinar, ubicado en la carretera de Colmenar. La clausura de dichas instalaciones, conocidas por los internos como módulo de aislamiento, fue decidida por un juzgado de instrucción tras recibir una querella de la Fiscalía de Menores de Madrid en la que se recogían denuncias de malos tratos a internos en el centro. La querella es fruto de una visita sorpresa a El Pinar realizada el pasado septiembre por una comisión judicial integrada por una fiscal, un forense y un agente judicial. El Pinar, dependiente de la Comunidad, está gestionado por una empresa privada, la asociación Cicerón.

Desde la Consejería se ha negado la existencia de malos tratos y se han explicado los incidentes como resultado de la aplicación de 'medidas de contención' a los internos. Las mismas fuentes han lamentado la 'falta de fluidez' en las relaciones entre la Administración regional y la Fiscalía porque, según las mismas fuentes, hacen aún más difícil la ya ardua tarea de aplicar la Ley del Menor, que entró en vigor el pasado 13 de enero y que obligó a excarcelar a jóvenes que habían cometido delitos, algunos muy graves, y llevarlos a centros de internamiento para lograr una reinserción no siempre fácil.

En dicha querella se relata que dos menores recibieron sendas palizas mientras permanecían atados a las camas y que uno de ellos sufrió la rotura de un labio y una mano. En la querella se hace referencia expresa a los vigilantes de seguridad que trabajan en el centro, pertenecientes a la empresa Levantina de Seguridad SL. Esta empresa acumula un largo rosario de denuncias y decenas de condenas en los tribunales de la Comunidad Valenciana, en su mayor parte por agresiones y abusos cometidos por sus vigilantes. El propietario de Levantina está asimismo condenado por un juzgado de lo social por obligar a sus empleados a afiliarse a una formación de ultraderecha.

La decisión judicial ha puesto en pie de guerra a la oposición, que ha reclamado que se rescinda el contrato entre el Gobierno regional y Cicerón para la gestión del centro y que ésta pase a depender de la Administración.