Zaplana experimentará en La Ribera el modelo de gestión privada global de sanidad

El debate en torno a la política sanitaria puso de relieve las diferencias entre el PP y la oposición en la materia. Mientras el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, defendió el buen funcionamiento del sistema público y apenas se refirió al privado, el portavoz socialista, Joaquim Puig, criticó la escasa inversión en el primero y el trato de favor al segundo. Zaplana tachó de 'irresponsable' a la oposición por 'citar algunos casos desgraciados' -a los que el Consell ha 'respondido con prontitud y eficacia', dijo- para definir la situación actual de la sanidad pública, de la que hizo una cerrada defensa, aunque a continuación anunció una serie de medidas que no son más que nuevos pasos hacia la privatización del sistema. Así, dio a conocer un proyecto para ampliar a las pruebas diagnósticas y a los tratamientos el plan de choque para reducir las listas de espera, al que dará 'rango legal'. Ni palabra de los planes Exprés y Óptimus anunciados el pasado año, destinados a incentivar la actividad en los hospitales públicos en la lucha contra las demoras. Y anunció la extensión del modelo del hospital de Alzira -que mantiene la titularidad pública pero cede la gestión a empresas privadas- a la atención primaria. De momento, en La Ribera. Es decir, que además de gestionar el hospital, el sector privado se hará cargo de las primeras consultas en los centros de salud.

Anunció la Ley de Ordenación Sanitaria, que lleva un año en la cocina y que prevé la libre elección de médico y centro 'para estimular la competencia y la mejora de la calidad'; la creación de un organismo público que acreditará la calidad de los servicios; y la suscripción de 'planes de gestión específicos con los centros sanitarios'. Y, 'sobre todo', destacó Zaplana, la ley incluirá la 'garantía de demora en la asistencia', que fijará el intervalo máximo de realización de pruebas diagnósticas y tratamientos y establecerá el compromiso de financiarlos fuera del sistema público, 'en el servicio que elija libremente el paciente, si ese tiempo máximo se supera sin que se haya prestado la asistencia'.

A la visión optimista de Zaplana, la oposición contestó con críticas a su gestión. Así, Joan Ribó, portavoz de EU, acusó al PP de 'menospreciar la protección y la defensa de la salud pública', aseguró que el Consell 'abandona el adecuado control de los servicios transferidos a las empresas privadas', y pidió la dimisión del consejero de Sanidad, Serafín Castellano, y del subsecretario de la Agencia de la Salud, Marciano Gómez.

Joaquin Puig, del PSPV, contradijo a Zaplana: 'Las listas de espera no hacen más que aumentar', dijo, y antes de afirmar que 'las redes de alerta sanitaria están gravemente deterioradas, por falta de inversiones, por falta de confianza en los sistemas públicos y por la irresponsabilidad del Consell', se preguntó: '¿Tenemos una sanidad en la que podamos confiar?'.

Zaplana acusó a Puig de dibujar un 'panorama tétrico' de la sanidad pública, que, según dijo, tiene un'enorme prestigio'. Y se refirió a los recientes fallecimientos de pacientes de hemodiálisis: 'La tragedia a veces se produce, no se puede evitar una desgracia así, pero sí actuar para que no se extienda; lo importante es cómo se reacciona'.