IU y PA se unen a los socialistas para investigar al PP por 'enchufar' a más de 50 militantes

Las direcciones provinciales de IU y el PA, y la Diputación de Cádiz, se sumaron ayer a las peticiones de investigación y transparencia que el secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, efectuó, el miércoles, al denunciar decenas de casos de 'enchufismo' en varios ayuntamientos gaditanos donde los populares han incumplido el Pacto Antitransfuguismo. Ni el PP ni los alcaldes denunciados aportaron datos o explicaciones que refutaran las acusaciones del PSOE.

En cambio, los populares acusaron a los socialistas de querer 'tapar' con esta denuncia las supuestas 'irregularidades' en materia de personal denunciadas en la Diputación gaditana.

González Cabaña acusó al PP y a sus socios de gobierno en los Ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda, San Roque y Tarifa de contratar 'irregularmente' o 'enchufar' a más de 50 familiares, militantes y afines al PP y al resto de los partidos o concejales tránsfugas que forman parte de los pactos municipales.

El caso más 'escandaloso', según detalló el dirigente socialista, se localiza en Sanlúcar, donde el alcalde, el popular Juan Rodríguez, que gobierna con el apoyo de dos tránsfugas de PA, permitió la contratación de una treintena de militantes o afines al PP y casi una decena de personas relacionadas con los ex concejales andalucistas que participan en el equipo de gobierno.

El coordinador provincial de IU, Ignacio García, anunció que sus grupos municipales apoyarán estas comisiones de investigación porque, según dijo, 'son hechos gravísimos que plantean una duda razonable en los procedimientos seguidos'. El dirigente de IU puso especial énfasis en la situación denunciada en San Roque, donde gobierna Fernando Palma, un tránsfuga del GIL, integrado ya en el PP, gracias al apoyo de los populares.

Sospechas

Según denunció García, el número de casos de contrataciones a través de las empresas municipales es 'sospechoso'. 'En estas empresas públicas tiene que presidir la transparencia, la igualdad de oportunidades y la publicidad, y son sospechosos los casos de cercanía, amistad o familiaridad con cargos del Ayuntamiento', dijo García.

En parecidos términos se pronunció el secretario provincial del PA de Cádiz, Alfonso Andrade, quien anunció que su partido apoyará estas investigaciones si las agrupaciones locales detectan indicios de posibles irregularidades. Sí garantizó el apoyo andalucista en Sanlúcar, donde los concejales del grupo municipal del PA han reivindicado la constitución de una mesa de contratación.

Esta propuesta fue aprobada en un pleno por el Consistorio sanluqueño, sin que aún se haya tramitado. 'Pensamos que cuando no se quieren arbitrar este tipo de fórmulas para que las contrataciones se hagan con la mayor claridad y transparencia posible, y con los mayores criterios de idoneidad e igualdad de oportunidad para todos los ciudadanos puede ser porque algo ocultan al respecto', dijo Andrade.

El secretario provincial del PA de Cádiz centró sus críticas en el alcalde Juan Rodríguez: 'Son constantes los incumplimientos que hace de los acuerdos del pleno y la aplicación de los criterios del propio equipo de gobierno faltando totalmente el respeto a la democracia de su pleno'.

Contratos de la Diputación

El presidente de la Diputación gaditana, el socialista Rafael Román, quien ha sido objeto de duras críticas del PP por su política de contratación de personal en la institución provincial, declinó pronunciarse sobre el fondo de esta cuestión, aunque sí manifestó 'su apoyo total' a la denuncia efectuada por el secretario provincial de su partido.

A todas estas críticas y apoyos a la denuncia del PSOE, respondieron el PP de Cádiz y Sanlúcar y los alcaldes de San Roque y Tarifa. La presidenta del PP de Cádiz, María José García Pelayo, achacó las acusaciones socialistas a 'la venganza política' para 'tapar' las supuestas irregularidades que pesan en materia de personal sobre el gobierno del PSOE en la Diputación de Cádiz. El PP de Sanlúcar pidió que se extiendan las investigaciones en estos ayuntamientos a las épocas en las que gobernaba el PSOE.

El alcalde de San Roque, Fernando Palma, no desmintió las acusaciones socialistas y se limitó a 'invitar' a González Cabaña a dirigir sus investigaciones también sobre las instituciones donde gobierna el PSOE.

El alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, un tránsfuga de IU que gobierna con el apoyo del PP y los independientes del TAIP, acusó al PSOE de emplear 'la estrategia del ventilador tratando de buscar culpables donde no los hay'. Asimismo, emplazó a González Cabaña, que es también alcalde de Benalup, a demostrar que 'la prosperidad económica y el crecimiento que está experimentando esta localidad no es fruto del dinero que está invirtiendo la Diputación en detrimento de otros municipios'.

El alcalde sanluqueño declinó efectuar declaraciones porque, según informó el gabinete de prensa, 'no es un asunto de importancia que merezca entrar al trapo'.