Zaplana rinde cuentas en un momento de inflexión

Eduardo Zaplana rinde cuentas de su gestión a las Cortes Valencianas en el ecuador de su primera legislatura con mayoría absoluta en un momento de inflexión. Hubo un tiempo en que el PP vivía en 'estado de gracia', como subrayó el propio presidente de la Generalitat en alguna reunión de partido. Pero las cosas han cambiado. Los indicadores económicos empiezan a flaquear. El escándalo del caso Gescartera pone en entredicho las esencias de la renovación democrática que elevó al PP a las mayorías absolutas que disfruta en el Gobierno y la Generalitat y, además, tiene una sorprendente derivación valenciana debido al todavía inexplicado nombramiento de Jaime Morey como asesor de la presidencia. Finalmente, la sucesión de atentados que arrasaron ayer la catedral del capitalismo mundial en Nueva York y sembraron de llamas el Pentágono, la sede de la defensa de Estados Unidos, generan una incertidumbre que el sistema productivo valenciano, sensible como pocos a la coyuntura internacional, no podrá pasar por alto. Dadas las circunstancias, ¿qué cuentas rendirá hoy el presidente?

El crecimiento económico no se ha detenido, pero el vertiginoso descenso del paro durante los años pasados ha entrado en una fase de estancamiento a pesar de la reciente asunción de las competencias activas de empleo por parte del Consell. El sector turístico parece haber tocado techo al margen de las millonarias inversiones destinadas a levantar Terra Mítica. Y la deuda financiera de la Generalitat rebasa el billón de pesetas: por primera vez en la historia reciente de la España de las autonomías, los valencianos son los primeros deudores per cápita del conjunto del Estado.

El nuevo modelo de financiación autonómica pactado con el Estado responde sólo en parte al modelo dibujado por Zaplana hace dos años y su bondad está relacionada con la evolución de la economía valenciana.

La capacidad financiera para afrontar el coste de los servicios públicos ha sido insuficiente y amenaza con seguir siéndolo. La Generalitat ha instituido una nueva empresa pública para construir los colegios necesarios para adaptar la oferta pública al mapa escolar presentado por el Consell en 1996. Los fondos destinados a conciertos con empresas educativas privadas han mermado la inversión directa en infraestructuras escolares. La nueva empresa aparece como solución de emergencia que trasladará su coste a futuros gobiernos regionales.

La constitución de la Acadèmia Valenciana de la Llengua es el gran logro del Consell en materia cultural, aunque la reciente polémica sobre los contenidos mínimos de los libros de texto de literatura ha agitado una polémica que parecía desterrada.

Los sucesivos brotes de legionela que ha sufrido la localidad de Alcoy, la frustrada comisión parlamentaria de investigación al respecto y los recientes fallecimientos de seis enfermos del riñón después de someterse a un tratamiento de diálisis en una clínica concertada de Valencia son foco ineludible de la gestión sanitaria. Los planes para humanizar la atención al paciente o la falta de concreción sobre el futuro de los grandes hospitales de referencia han quedado en segundo plano ante episodios dramáticos que afectan a la vida de las personas.

Iniciativas legislativas como la regulación de las uniones de hecho han provocado duros choques con las autoridades eclesiásticas que el Consell ha salvado con rigor democrático, la renuncia de algún director general y la sorprendente abstención de los socialistas en las Cortes.

El área de servicios sociales ha optado por practicar la política para paliar la escasez de recursos y ha desarrollado un programa para construir residencias de mayores que combina el negocio privado con la asistencia pública. Ahora falta plasmarlo.

La anunciada convocatoria de ofertas de empleo público para reducir la precariedad laboral entre los trabajadores de la Administración autonómica ha roto una dinámica perversa en el seno de la función pública que, durante cinco largos años, ha crecido por designio político al margen de los méritos profesionales.

El acuerdo entre cuatro presidentes autonómicos y el Estado sobre el trazado de un tren de alta velocidad entre Madrid y las tres capitales de la Comunidad Valenciana y el proyecto estatal para trasladar agua del Ebro al litoral mediterráneo constituyen dos bazas en materia de Obras Públicas. Pero en ambos casos, la responsabilidad es del Estado.

El Consell ha forzado un remedo de la iniciativa ministerial al aprobar el trasvase entre el Júcar y el Vinalopó y ha apostado por la depuración de aguas. También se ha empeñado en completar el metro de Valencia. Pero aún tiene pendiente un modelo de ordenación del territorio anunciado hace años y muestra debilidad en materia urbanística.

La política declarativa en medio ambiente no se detiene. Más y más zonas son protegidas nominalmente, pero el catálogo de humedales sigue pendiente.

Los apagones en diversos puntos turísticos de la costa durante el pasado verano ponen de manifiesto la insuficiencia de los canales de distribución energética que, en territorio valenciano, controla en régimen de monopolio la compañía Iberdrola.

Los proyectos para paliar el déficit energético, como el plan eólico, han sido desbordados por la batalla desatada entre Iberdrola y Unión Fenosa para lograr la autorización para construir una planta regasificadora en Castellón o Sagunto.

La pugna entre las dos grandes empresas energéticas ha provocado la mayoría de las apariciones públicas del vicepresidente primero del Consell, desaparecido a otros efectos.

Lo mismo que el segundo, impulsor del desarrollo de las nuevas tecnologías y del fomento de la investigación en la 'legislatura del I+D', que ha cedido ambos retos a un subsecretario.