Hablar de oídas

En su reciente entrevista con el periodista polaco Adam Michnik, Arzalluz atribuyó a Blair la firma del acuerdo de Downing Street (fue Major) y situó 'hace 20 años' la firma de la declaración sobre la autodeterminación del Parlamento vasco (es de 1990). Más grave es que afirmase que la economía vasca no depende tanto del mercado español porque exporta 'allende las fronteras de España' el 70% de lo que produce. Según un informe del BBV de mayo de 1999, 'más del 60% de las exportaciones vascas tiene como destino el resto de España'. La falsedad tiene su importancia porque forma parte de la argumentación para demostrar que en una Euskadi independiente 'económicamente viviríamos mucho mejor'.

En su discurso de Zarautz deslizó otro par de falsedades: que en 'la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra sólo el 30% se pronunció por el sí' en el referéndum constitucional; y que está sin cumplir 'el 40%' del Estatuto. En el referéndum de 1978, el 68,8% de los votantes de Euskadi y el 75,7% de los de Navarra votó sí; es cierto que hubo una alta abstención, pero no es legítimo considerarla sin más como abstención política, de rechazo a la Constitución. Así lo argumentó en su día el PNV frente a los sectores centralistas que pretendían que el Estatuto de los años 30 había sido rechazado en Álava porque la suma de abstenciones más votos negativos superaba a los votos positivos.

José Miguel de Azaola hizo un cálculo restando de la abstención registrada en el referéndum de 1978 la media de la contabilizada en las elecciones más cercanas a la consulta (1977, 1979 y 1980). El resultado era que en Guipúzcoa el rechazo (votos negativos+abstención política+votos en blanco) superaba ampliamente a los votos positivos, mientras que en Álava y Navarra ocurría lo contrario y en Vizcaya se producía una ligera ventaja del rechazo. Pero incluso contando toda la abstención como voto de rechazo, saldría el 34,9% y no el 30% que, según Arzalluz, marca 'la legitimidad' con que cuenta la Constitución. Es un argumento de doble filo porque su partido lleva 21 años gobernando con porcentajes sobre el censo inferiores: en promedio, tras siete elecciones autonómicas, el 22%. Y según el Euskobarómetro de mayo, la adhesión de los ciudadanos de Euskadi a la Constitución sería ahora superior al rechazo: 40% frente a 32%.

El nacionalismo utilizó el escaso respaldo a la Constitución para negociar un Estatuto superior al de otras comunidades, en el entendimiento de que era la forma de reenganche de Euskadi. Así se dio por hecho hasta que hace algunos años volvió a invocarse el resultado del referéndum constitucional para reclamar la superación del marco estatutario. No se sabe de dónde saca Arzalluz esa milonga de que queda por desarrollar el 40% del Estatuto. Ya en 1994, Juan María Ollora (el padre de Lizarra) había reconocido que de las 54 transferencias entonces pendientes (ahora son 38) había tres fundamentales, Seguridad Social, Inem y Formación Ocupacional, y que el resto 'son aire'.

Es lógico que los nacionalistas reclamen esas competencias, aunque carece de fundamento la pretensión de que la única interpretación válida tenga que ser la suya. Lo que no es lógico es plantear a la vez el cumplimiento íntegro del Estatuto y su superación. Arzalluz estuvo ayer a su altura acostumbrada al declarar que el PNV sólo se planteará una consulta sobre la autodeterminación 'si se da el caso, como se va a dar, de que Aznar, en vez de desarrollar el Estatuto, lo que hace es ir retirando transferencias'. La estrategia de reclamar con tanto énfasis esas competencias sería una astucia para cargarse de razón ante la primera divergencia y pasar a reclamar la superación del marco autonómico desde una perspectiva soberanista. Espera así evitar el debate interno entre autonomistas y soberanistas, que dividiría gravemente al PNV.

El lehendakari, más directo, ha dicho que 'a la vista está que el Estatuto ya no es punto de encuentro'. Se trata de un juicio performativo: que se cumple al ser enunciado. Pues si es el lehendakari quien lo dice, automáticamente se convierte en un factor de división, aunque no haya indicios de que corresponda a cambios en la percepción de la gente o a un aumento de la temperatura nacionalista: en 1986, el nacionalismo agrupaba el 68,8% de los votos; el 13-M, al 52,5%.