Un juez ve indicios para acusar de prevaricación al alcalde del PP de Cúllar
Un auto de un juzgado de Baza (Granada), fechado el pasado mes de junio, considera que hay indicios suficientes para acusar al alcalde de Cúllar y parlamentario andaluz del Partido Popular José Torrente García de un delito de prevaricación por omisión. Torrente, según el auto judicial, no ejecutó una orden de clausura de una panadería ilegal situada en una nave agrícola de Cúllar que emitió el propio Ayuntamiento. Por su lado, el presidente de la cooperativa agrícola, Miguel Martínez García, ha sido acusado de desobediencia.
La Fiscalía y la acusación particular deberán ahora dar su opinión sobre el particular. José Torrente, en su calidad de parlamentario, dispone de un foro especial. El Ayuntamiento de Cúllar decretó el 28 de octubre de 1999 el cierre de la panadería situada en la sede de la Cooperativa Agroolivarera. Aunque la orden iba firmada por el propio alcalde, el juez señala que José Torrente permitió el funcionamiento 'a pesar de los continuos requerimientos de las personas que aquí actúan como denunciantes' y se abstuvo de 'ordenar a la Policía Local de que ejecutara la orden de clausura'. El 26 de julio de 2000 el Ayuntamiento legalizó finalmente la industria.
El juez acusa también al representante de la cooperativa de desobedecer la orden de cierre que fue colocada en la puerta de acceso a la panadería.
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