Imputado un concejal del PP en el caso del local de masajes de Salou

Alberto del Hierro, concejal del PP en Salou, está imputado junto a Raúl Navarro, ex subdelegado del Gobierno en Tarragona, y la propietaria de nacionalidad ucrania del centro de masajes Irisha, de Salou, en el caso que investiga el Juzgado número 9 de Tarragona. Las diligencias se abrieron a raíz de la denuncia de tres ciudadanas rusas que aseguran que el ex subdelegado les habría ofrecido regularizar su situación a cambio de favores sexuales. Irisha R., propietaria del local y también acusada, defiende a los dos políticos del PP.

Los imputados niegan la acusación y explican que el único vínculo entre los políticos y el centro de masajes se dio hace dos años, cuando Navarro y Del Hierro intervinieron para facilitarle una prórroga del visado a la madre de la dueña del establecimiento, propietaria también del mismo, con la justificación de que pudiera recibir tratamiento contra un cáncer en un hospital público.

El caso, que podría derivar en una acusación de prevaricación y otro delito contra la libertad sexual, entre otros, ha supuesto la dimisión fulminante, el pasado miércoles, del subdelegado del Gobierno en Tarragona y ha generado una gran polémica en la provincia.

La investigación judicial se inició hace 15 días y el pasado jueves los cuatro imputados acudieron a declarar frente al titular del juzgado, José Luís Portugal, y del fiscal jefe de la Audiencia, José María Parra, quien se encarga personalmente del asunto. Fruto de un registro realizado por agentes de la Guardia Civil, obran en poder del juzgado un ordenador y documentación del centro de masajes Irisha, en los que se han localizado diversos números de teléfono, entre ellos el del antiguo móvil del ex subdelegado, correspondiente a su etapa de delegado de Trabajo en la provincia, y el del concejal también denunciado.

Este último declaró ante el juez que conocía a las propietarias del centro, madre e hija, porque la presidenta de la Lliga contra el Càncer de Salou se las presentó. De acuerdo con esta versión, la asociación, el concejal -gestor de profesión- y finalmente el entonces delegado de Trabajo mediaron para la extensión del visado de la madre para que pudiera ser sometida a una operación en el hospital tarraconense de Santa Tecla. Irisha R., en declaraciones a este periódico, negó de forma tajante que ninguno de los dos hubieran sido clientes de su local o que en éste se ejerciera la prostitución.

Sin embargo, las ciudadanas rusas, de entre 20 y 30 años, acusaron a las propietarias del local de forzarlas a prostituirse.

Irisha R. asegura que la declaración de las denunciantes forma parte de un complot político para hundir al subdelegado. La mujer recuerda, además, que el reglamento de la Ley de Extranjería califica de testigos protegidos y regulariza la permanencia en España a quienes denuncien la existencia de mafias o extorsiones.

El ex subdelegado del Gobierno en Tarragona no se ha referido nunca al caso en concreto. Oficialmente, su dimisión se produjo por motivos de salud y fue presentada el miércoles, un día antes de su declaración ante el juez. La delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, la aceptó el viernes. Curiosamente, el mismo miércoles por la mañana el todavía subdelegado departía, como todas las semanas, con los periodistas e informaba de una operación de la Delegación de Trabajo en la que se había descubierto a 34 inmigrantes sin papeles trabajando en una explotación agraria.

De hecho, el ex subdelegado llevaba todo el mes de agosto anunciando el inicio de una campaña para aumentar el control de la inmigración irregular. Hasta el momento había anunciado la orden de expulsión de 24 extranjeros, 14 de ellos mujeres procedentes de países del Este que ejercían la prostitución.

En la única comparecencia pública del ex subdelegado, el pasado sábado -desencadena-da por el tratamiento del caso por parte de determinados medios radiofónicos-, Navarro insistió en que no existe una causa abierta ni acusación judicial en su contra y aseguró que las diligencias previas del juzgado se archivarían 'en breve'.