Curso, recurso, discurso

Aznar tiene una tendencia natural a la repetición; se le ve complacido cuando hace algo que ya ha hecho antes, como inaugurar el curso político comiendo en un monasterio de Burgos y disertando ante sus fieles en un pueblo de Valladolid. No hay que exagerar, pero lo del monasterio (12 años ya, como si quisiera establecer una tradición) resulta algo anacrónico en la sociedad española actual. Mejor dicho, resultaría si no fuera porque todavía se producen esperpentos como el despido de una profesora por casarse con un divorciado. En el pueblo de Valladolid, Aznar también se repitió: prefirió arremeter contra los socialistas a plantear sus propias propuestas y proyectos para el nuevo curso. Y lo hizo con el mismo discurso de la cohesión territorial del año pasado.

El asunto es importante y merecía una respuesta menos vista que el sarcasmo socialista sobre el nombre completo del pueblo: Quintanilla de Onésimo. Efectivamente, existe algún riesgo de desestabilización del modelo autonómico, sobre todo por los efectos contagiosos de la crisis vasca, como se vio en la dinámica de la Declaración de Barcelona. La resistencia al ventajismo nacionalista es un componente necesario de la respuesta a ese riesgo, pero el otro componente es la iniciativa política. Este año está previsto cerrar el traspaso de las competencias en materia sanitaria a las diez comunidades que aún no las tienen. Es un proceso que implica la transferencia de 1,7 billones de pesetas en recursos y de 130.000 empleados públicos. Tras ese capítulo sólo quedará pendiente el traspaso de educación a esas comunidades para completar el proceso de redistribución territorial del poder diseñado en la Constitución.

El acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado antes de las vacaciones es mejor que nada, pero las comunidades siguen sin asumir los riesgos de una posible reducción recaudatoria, sin lo que no existe verdadera corresponsabilidad fiscal. Y la paralización del debate sobre reforma del Senado colapsa cualquier iniciativa para dar salida constitucional a los problemas que la integración europea plantea al Estado descentralizado: mecanismos de conformación de la voluntad nacional y fórmulas que garanticen la representación de intereses territoriales en los organismos de la Unión.

Es cierto que la política de alianzas de los socialistas en algunas comunidades es poco clara, pero denunciarlo no es todavía una política autonómica (y de alianzas) propia. Además, iniciar el curso señalando las debilidades de la oposición transmite falta de confianza en los propios proyectos. A Zapatero vino a decirle que no basta con proponer pactos de Estado sobre todo, que hay que decir qué contenidos se defienden en cada caso: Plan Hidrológico, inmigración, etc. Sorprende que en lugar de felicitarse por una oposición tan pactista, le irrite. Y la experiencia ha demostrado que Zapatero tenía razón en la importancia de un pacto destinado a cerrar a ETA cualquier perspectiva de que un cambio de Gobierno pudiera significar una negociación política.

Pero Zapatero no puede quedarse en el procedimiento. Tiene que pasar a defender su propia alternativa y no sólo que es capaz de hacer una oposición inteligente. Por lo mismo, sería un error que se creyera del todo las encuestas que le otorgan una valoración por encima de la de Aznar. Que suscite poco rechazo es un punto de partida favorable, pero esa calificación puede depender en parte de que los votantes conservadores le dan buena nota porque le prefieren como jefe de la oposición; no necesariamente como gobernante.

El curso que ahora se inicia es, por otra parte, el que cuenta de entrada con un entorno económico internacional menos favorable desde que Aznar gobierna. Ello pondrá a prueba su capacidad para gestionar la desaceleración. Por ejemplo, para cuadrar los presupuestos sin déficit con la prometida rebaja de impuestos, que algunos expertos ya le aconsejan aplazar. Para abordar la nueva fase tal vez sería conveniente una remodelación del Gobierno, pero el asunto Gescartera limita sus movimientos: adelantarse a cambiar a alguno de los ministros del área económica afectados por el escándalo sería visto casi como un reconocimiento de culpabilidad; pero si por ese motivo hace una remodelación que no les afecte, es posible que los resultados de la comisión de investigación le obliguen a realizar un segundo reajuste. Y el plazo no es muy grande porque en enero se inicia el semestre de presidencia española de la UE, y no es recomendable cambiar a los ministros cuando están presidiendo los correspondientes órganos sectoriales. Ése podría ser un motivo adicional para intentar cerrar el asunto Gescartera cuanto antes, pero si eso significa cerrarlo como sea puede convertirlo en un problema que no afecte ya a algunos ministros, sino a la credibilidad de su presidente.