El Gobierno unifica los criterios de ayuda a domicilio para 12.500 ancianos

'El nuevo decreto dará seguridad jurídica a los usuarios porque si los servicios sociales les niegan la prestación ellos podrán apelar a él y, si es pertinente, recurrir. Hasta ahora cada municipio funcionaba a base de normativas internas que, por lo general, no eran públicas, y eso imposibilitaba cualquier recurso porque '¿a qué texto legal apelabas?', explica Prieto. 'Llevamos muchos meses intercambiando borradores con los ayuntamientos. No nos hemos inventado nada nuevo, sólo hemos unificado lo que ya existía de forma dispersa porque, en general, los municipios mantenían criterios bastante parecidos', añade.

El borrador debe conseguir todavía el visto bueno del Consejo Económico y Social (formado por expertos, patronal y sindicatos) y del Consejo de Estado. El objetivo del Gobierno es aprobarlo para finales de este año o comienzos de 2002.

La ayuda a domicilio va dirigida a ancianos que, con alguna ayuda en las actividades diarias (higiene personal, compra, limpieza, preparación de comidas), pueden seguir viviendo en su casa de forma autónoma sin recurrir a una residencia.

El problema, admitido por todas las instituciones incluido el Gobierno regional, es que a muchos ancianos esta ayuda se les queda corta: recurren a ella por la escasez de plazas en residencias públicas o por sus reticencias a ser internados, pero en realidad deberían estar en un geriátrico. El Ayuntamiento de Madrid considera que la cuarta parte de sus 10.500 usuarios (el 85% de la región) estarían mejor en una residencia. Esos porcentajes son del 60% en Alcalá de Henares y Fuenlabrada, al 2% en Móstoles y al 10% en Getafe.

Para acceder a este servicio es necesario tener 65 años o más, estar empadronado en el municipio donde se solicite la prestación y tener una autonomía personal reducida o limitada por algún problema físico o psíquico. También hace falta obtener la puntuación mínima en una serie de baremos que el Gobierno regional espera regular pronto con una orden.

La ayuda a domicilio no está sólo restringida a ancianos. También la pueden solicitar discapacitados, enfermos o progenitores que, por una crisis, no pueden atender temporalmente a sus hijos (por ejemplo mujeres solas con cargas familiares no compartidas).

Son los ayuntamientos quines gestionan este servicio mediante convenios con la Comunidad. Según Prieto, la asistencia domiciliaria supone en Madrid un gasto público de unos 5.000 millones, de los que 3.000 los aportan los municipios y el resto entre la Comunidad (60%) y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (40%).