Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La cosa

Corrían los años 80 y visitaba Sevilla el entonces alcalde de Nápoles. En su ronda de visitas a las autoridades con sede en la ciudad tuvo un encuentro con un entonces alto personaje socialista que presidía un organismo local. En un momento de la entrevista nuestra autoridad sevillana le espetó al napolitano: '¿Y cómo va eso de la camorra?' -ya saben, esa sociedad secreta y delincuente nacida y desarrollada en torno a la ciudad meridional italiana. Nuestro despierto alcalde napolitano, ni corto ni perezoso, contestó: '¡Ah, la camorra: ¿y cómo se llama aquí?'. Viene a cuento esta anécdota al hacer repaso de los sucesos judiciales de Marbella. Porque lo que está ocurriendo en Marbella desde hace bastantes años lo tenemos que identificar con un concepto muy parecido al de mafia, o camorra, pero donde sus protagonistas no son sólo italianos, sicilianos o napolitanos, sino que tienen carné de identidad y genealogía muy nuestros. Sólo que la tipología del delito es internacional. Se trata de la confluencia de intereses, originalmente inmobiliarios y hoy en mayor medida relacionados con la droga y la especulación financiera, que necesitan un terreno, un ámbito administrativo donde instalarse. Nápoles y camorra constituyen sólo una manera de nombrar un delito relacionado con un paisaje urbano y que necesita la corrupción administrativa y política para sacar adelante ilegítimos intereses.

Marbella es el nombre más conocido, seguramente el de mayor intensidad, de un fenómeno ciertamente difundido en nuestro país. El delincuente puede ser un pequeño constructor o toda una red internacional. El corrupto puede ser un simple concejal tránsfuga de una pequeña ciudad costera (¿cuántas formarían la lista?) o el más conocido alcalde sorteador de procesos judiciales de los últimos 25 años. El funcionario puede ser un alto magistrado que facilita las resoluciones de los expedientes o bien un simple oficinista de un juzgado de Marbella. Hablamos del mismo delito. En Italia lo llaman mafia o camorra. Necesitamos urgentemente un término que nos certifique que 'la cosa' también está entre nosotros.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS