La Diputación de Vizcaya considera 'víctimas' a quienes compran bebés

El director de Acción Social de la Diputación de Vizcaya, Carlos Royuela, afirmó ayer que, aunque en las últimas semanas se han conocido dos casos de compraventa de bebés en Vizcaya, se dan pocas transacciones de este tipo en esta provincia. Royuela considera que los compradores 'son las principales víctimas de este proceso'. En declaraciones a Radio Euskadi, mostró además su confianza en que quienes finalmente recurren a la compra de los pequeños 'son buenas personas', en alusión a las dos parejas que la policía ha detenido en Vizcaya bajo esa acusación.

A su juicio, ese modo de proceder responde a 'la frustración' de no poder tener hijos y de haberse sometido a tratamientos médicos que no les han dado resultado. 'Cuando se entra en una fase de adopción, se generan unas ansiedades y unas situaciones, que no me extraña que haya personas que puedan cometer una tontería tipificada como delito. Tienen una, digamos, minitragedia detrás'.

El director de Acción Social de la Diputación de Vizcaya, Carlos Royuela, advirtió de que 'no merece mucho la pena arriesgarse' a comprar un niño. Recordó que este tipo de transacciones 'son delitos castigados con una pena de entre uno y cinco años de cárcel'. Aseguró también que quienes intentan hacerse con un bebé por medios ilegales posteriormente 'desde el punto de vista administrativo jamás podrán adoptar un niño después'.

El responsable vizcaíno de Acción Social indicó que los procesos de adopción son lentos en España 'porque no hay niños [nacidos en España]'.

Los vascos prefieren adoptar niños procedentes de Colombia, Rusia y Rumanía por su aspecto físico frente a pequeños de países africanos o asiáticos. 'El aspecto [del niño] influye bastante', indicó Royuela, quien reveló que una adopción supone gastos de entre uno y dos millones de pesetas.

Explicó también que, si los pequeños proceden del extranjero, la agilidad de los trámites depende de los requisitos que se impongan desde el país de origen y los ritmos que marquen. 'Hay unas diferencias fortísimas entre, por ejemplo, Bulgaria, donde en un año puede estar resuelta la tramitación, y Colombia, donde estamos hablando de en torno a tres años'.