800 afectados se querellan contra altos cargos de la Comisión
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que representa a 800 afectados en el caso Gescartera, anunció ayer que ampliará la querella que interpuso el pasado 23 de julio ante la Audiencia Nacional, y llamará a declarar a los directivos de la CNMV que, a su juicio, actuaron 'en connivencia' con los imputados de Gescartera, y podrían ser responsables de los delitos de 'prevaricación y de tráfico de influencias'.
El presidente de Adicae, Manuel Pardo, pedirá que declaren ante la juez Teresa Palacios: la actual presidenta de la CNMV, Pilar Valiente; su antecesor, Juan Fernández-Armesto; el ex vicepresidente de la institución Luis Ramallo; el director general de Supervisión, Antonio Botella; el anterior secretario de la CNMV, Antonio Alonso Ureba, y su hermano Alberto, asesor de Gescartera, y el ex empleado en el organismo regulador, Salvador Alcaraz. Adicae pedirá la comparecencia del ex secretario de Estado Enrique Giménez-Reyna sólo 'si se confirman los datos que lo involucran' en la trama, según Pardo.
El presidente de Adicae, por otro lado, calificó las declaraciones del abogado Miguel Bajo, que representa al principal imputado, Antonio Camacho, de 'canallada' al afirmar que los inversores asumieron una posición de riesgo al invertir en Bolsa, ya que 'cabe la posibilidad de que ni siquiera existan esas inversiones'. No descartó, además, que la ONCE pueda ser declarada responsable civil subsidiaria, porque el consejero delegado de Gescartera, José Manuel Pichel, es directivo de la Fundación ONCE, a la que representa en la firma.
Por otra parte, la asociación de guardias civiles Coproper de Castilla-La Mancha se ha personado en el sumario del caso Gescartera por la desaparición de 400 millones de pesetas de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil que el presidente de ésta invirtió en la sociedad de valores.
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