'Posiblemente sea una medida que tengamos que tomar'

En la entrevista publicada ayer por Diario 16, Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, deja muy clara cuál es su postura respecto a la actuación del fiscal Bartolomé Vargas en el caso Ercros. La pregunta es: 'Si de forma reiterada ustedes no han estado de acuerdo con el criterio del fiscal que lleva el caso Ercros, ¿no sería mejor relevarlo por otra persona?'. Y Cardenal responde: 'Así está previsto en el propio Estatuto y es una solución a la que se puede llegar, porque tenemos el parecer de un fiscal que se opone con el mayoritario en la Junta de Fiscales de Sala. Posiblemente sea una medida que tengamos que tomar, pero la decisión aún no está tomada'.

No es la primera vez que esta idea aparece en la mente del fiscal general del Estado. De hecho, la actuación de Vargas, que decidió en marzo de 2000 aconsejar la imputación del ministro de Asuntos Exteriores, ya le valió entonces la enemistad de Cardenal. Tanto que el máximo responsable de la fiscalía decidió apartar a su subordinado del caso. Antes le había pedido que cambiase el informe en el que proponía que el Tribunal Supremo se hiciera cargo del caso porque había encontrado indicios de un posible delito de alzamiento de bienes de Josep Piqué.

Revuelo judicial

La decisión causó entonces un enorme revuelo político y judicial. La medida de apartar a un fiscal de un caso es muy poco habitual. La oposición criticó con dureza a Cardenal por actuar 'en defensa del Gobierno' y la Unión Progresista de Fiscales le acusó de haber 'vulnerado el Estatuto del Ministerio Fiscal'. La Asociación de Fiscales, por su parte, llegó a decir que 'el modo de llevar a cabo la decisión implica la aceptación por parte del fiscal general de dos tipos de justicia: una para los poderosos y otra para el resto de ciudadanos'. Unos meses después, el propio Cardenal compareció en el Congreso para explicar esta polémica iniciativa y se escudó en el fiscal Aranda, superior directo de Vargas.

Al final, el fiscal fue reintegrado y cuando volvió a pedir que Piqué fuera imputado, recibió el respaldo de los fiscales del Supremo. La decisión fue un varapalo para Cardenal, que sin embargo no cedió y convocó a la Junta de Fiscales de Sala para poder revertir esa decisión. Finalmente, este órgano adoptó una decisión salomónica que logró evitar lo que el fiscal general quería impedir a toda costa: que Piqué tuviera que declarar en el Supremo como imputado.

La Junta de Fiscales de Sala optó por la condición de testigo. Además, y para evitar la imagen de Piqué sólo, decidió que debían ser todos los miembros del consejo de administración de Ercros los que acudan como testigos.