El PSOE llevará al Constitucional la decisión de negar los papeles del lino del Congreso a Garzón

El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, declaró ayer que su grupo recurrirá 'hasta el Tribunal Constitucional si es preciso', la decisión de la Mesa del Congreso (con los votos del PP y CiU) de no facilitar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la documentación manejada por la comisión de investigación sobre el caso del lino, y de enviarla, sin embargo, al Fiscal General del Estado.

Caldera resaltó que la solicitud del juez al Congreso, se hizo 'en tiempo y forma', y que los documentos no habían sido declarados secretos. Explicó que dichos papeles debieron ser remitidos al magistrado, que instruye un sumario sobre el fraude de las ayudas europeas al lino, en función del 'deber de colaboración con los órganos jurisdiccionales recogido en la Constitución'. Según Caldera, el envío a la fiscalía se debió a 'una mala interpretación del reglamento del Congreso', ya que 'el fiscal no es un órgano de colaboración entre poderes'. El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, añadió que 'se ha hecho un feo a uno de los poderes del Estado'.

Por su parte, los vicepresidentes primero y quinto de la Mesa, Francisco Camps y Josep López de Lerma, del PP y CiU, respectivamente, explicaron que este órgano había actuado conforme a la normativa y de acuerdo con algunos precedentes.

Por otra parte, dos hijos de Nicolás López de Coca, ex director del Fondo Español de Garantía Agraria, Ismael y Enrique López de Coca, comparecieron ayer ante Garzón. Enrique precisó que sus hermanos Ismael y Elena poseían el 25% de Colisur, pero nunca habían sido consejeros ni tenido responsabilidad en la transformadora de lino y que no le consta que los abogados de la empresa o su padre hubiesen tratado de ponerse en contacto con la funcionaria del FEGA Inmaculada Méndez, quien declaró que un superior le pidió que hablase con los letrados de Colisur para que le 'orientaran' en su declaración. El ingeniero agrónomo Fausto Sánchez Cano declaró que denunció el fraude en 1997 al director de gabinete de la entonces ministra Loyola de Palacio.