Autopistas, hacia un modelo armónico y sostenible

Todos aquellos que siguen el debate sobre los peajes, saben que mantengo el criterio de que la única forma consistente de afrontar la problemática que tenemos planteada, en torno a los peajes, es la de diseñar un nuevo modelo de financiación y uso de las vías de gran capacidad.

Éste debe ser un modelo armónico y sostenible, basado en criterios objetivos, que sea financieramente viable para mantener y construir la red necesaria y que pueda ser progresivamente aplicado de manera homogénea y no discriminatoria en todo el territorio, mediante el adecuado proceso de transición.

Así pues, hemos de diseñar un plan de actuación que respete los condicionantes de partida y formule, en un periodo razonablemente breve, las soluciones a medio plazo que nos permitan a todos, desde ahora, trabajar con seguridad y en un clima de consenso, para el futuro desarrollo sostenible de nuestras infraestructuras.

Hemos de diseñar un plan que formule las soluciones que nos permitan a todos trabajar para el futuro desarrollo sostenible de nuestras infraestructuras

En mi opinión, la cuestión de los peajes se desarrolla en un triple debate: el político, el jurídico y el técnico.

El debate político, causa, y a su vez efecto, del debate social y mediático, refleja la dificultad de entender una situación actual caracterizada por la falta de armonía conceptual y territorial. Una situación, la de la red viaria española, que es la resultante de una evolución histórica hecha sin ningún modelo de referencia, en la que los criterios de tarifación han derivado exclusivamente de la fórmula de financiación, pública o privada, utilizada en la construcción de cada tramo de autopista.

Es por ello que el debate que llevan a cabo los grupos políticos y las administraciones públicas debe orientarse en definir un nuevo modelo armónico y tiene la misión de transformarse en acción política, mediante una nueva legislación que marque el camino de futuro de nuestras infraestructuras.

Esta legislación debería concretar las normas a seguir en la construcción de la red viaria planificada, pero también debería definir los criterios que priorizarán los proyectos a realizar en un marco de recursos públicos limitados, los principios de aplicación general en la tarificación por el uso de la red viaria y los procedimientos de participación de la iniciativa privada en la futura financiación y gestión de la citada red.

Según la metodología que aquí se propone, el modelo se debe construir 'partiendo de cero', a partir del análisis de las actuales y futuras necesidades; de los recursos previsiblemente disponibles y de los criterios de equidad y sostenibilidad que resulten del propio debate político. Por otro lado, deberá considerar e integrar las tendencias y directivas seguidas en la Unión Europea.

Una vez definido el nuevo modelo, entendido como objetivo a conseguir, se deberá diseñar el proceso de transición desde la situación actual e iniciar las negociaciones necesarias con los actuales titulares de derechos, haciendo a la vez una adecuada utilización del factor tiempo para facilitar la aceptación social y la financiación del cambio.

La importancia política y económica de las decisiones a adoptar y la complejidad de la transición,requerirán de un elevado nivel de consenso institucional y político, que facilite a los ciudadanos de los diferentes territorios la comprensión del proceso a seguir.

Acompañando al debate político, y precisamente por la falta de una clara orientación del mismo, se está produciendo un debate jurídico, en forma de decretos, impugnaciones y recursos de concesionarias, instituciones y plataformas cívicas, etcétera. Buena parte de este debate, que obliga a grandes esfuerzos de todas las partes implicadas, debería evitarse.

Por último, tenemos el debate técnico en el que se sitúa esta aportación. Pienso que el debate político y social discute sobre lo que conviene hacer y el debate jurídico es un camino para saber lo que se puede hacer. Lo que procuramos, una parte de los participantes en este debate, es aportar los datos y las reflexiones que permitan, a los protagonistas de la acción política, configurar un modelo coherente y diseñar un proceso de transición para hacer posible aquello que conviene hacer.

La evolución del debate social y la urgencia de las soluciones, desde el punto de vista de la planificación de las infraestructuras, no nos deja demasiado tiempo para perder.

Salvador Alemany es consejero-director general de Acesa.