Los peronistas cuestionan el ajuste económico del Gobierno argentino

La aplicación de un drástico plan de ajuste económico en Argentina entró ayer en una jornada clave, ante la indefinición de las 14 provincias administradas por la oposición peronista, que discuten la propuesta del Gobierno. Los gobernadores peronistas, que constituyen el mayor polo de poder de la oposición, deberán aprobar un recorte del gasto en 1.209 millones de dólares entre julio y septiembre.

El Gobierno argentino recortará el gasto público en 1.209 millones de dólares durante el tercer trimestre de este año, según informó ayer el Ministerio de Economía en un escueto comunicado. La aplicación de la política de déficit cero a las cuentas públicas, anunciada la semana pasada supondrá un recorte de 869 millones de dólares, que se suman a otros por 240 millones dispuestos a mediados de año. El recorte total anunciado fue de 1.500 millones de dólares en todo el Estado.

La política de déficit cero establece que el Estado afrontará sus gastos con los recursos que obtenga por la recaudación de impuestos, sin recurrir a la emisión de nueva deuda pública. Las previsiones de recaudación indican que para cumplir con los compromisos del Estado hará falta reducir en un 13% los salarios de los empleados públicos y de los jubilados con ingresos mayores a 300 pesos (igual a dólares). Para los cargos políticos ese recorte será del 26%. En este punto, la propuesta del Gobierno argentino propone elevar la jubilación mínima a 500 pesos.

En el capítulo social, trata de crear un padrón de beneficiarios para que nadie reciba dos ayudas sociales. Esta medida quiere acabar con un fraude generalizado.

También sufrirán recortes los pagos a los proveedores del Estado, según lo dispuesto por el gobierno de Fernando de la Rúa, que busca ahora apoyo político para llevar adelante este programa.

La política de austeridad dividió la coalición de gobierno Alianza y es rechazada de forma tajante por los sindicatos, mientras que el opositor Partido Justicialista (peronista) discute las condiciones que pondrá para dar su apoyo.

Mientras tanto, algunos mandatarios provinciales y sus equipos técnicos analizan el recorte de los gastos del Estado junto al jefe del Gabinete de ministros, Chrystian Colombo.

El gobernador de la sureña provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, anticipó ayer que no firmará ningún pacto 'que consista en el ajuste a los que menos tienen', además de calificar de 'autoritaria' a la Administración central. Su colega Carlos Ruckauf, de Buenos Aires, el distrito más rico y poblado del país, tampoco está dispuesto a apoyar el acuerdo si previamente el Gobierno nacional no salda una deuda que tiene con su provincia, según sus colaboradores. Al llegar a la reunión, Ruckauf aseguró que 'la vocación de diálogo está intacta' y volvió a reclamar un acuerdo 'racional'. Según la agencia Efe, la primera reunión entre Ruckauf y Domingo Cavallo, ministro de Economía, terminó a gritos.

'Doy la vida por esta pelea'. El presidente argentino Fernando de la Rúa apoyó Cavallo, y ha decidido defender su plan de recortes drásticos de gastos del Estado, que implica una rebaja de salarios, jubilaciones, presupuestos y pagos a proveedores del 13% para alcanzar el déficit fiscal cero, sin contemplar las modificaciones que le reclamaba el ala progresista de la Unión Cívica Radical y el Frente para un país Solidario (Frepaso), las dos fuerzas que integran el gobierno de la Alianza en el poder. En un mensaje que dirigió al país, De la Rúa ratificó las medidas que había tomado y dijo que no eran 'negociables'.

Además de lograr el déficit cero mediante la política de 'no gastar más de lo que se recaude', De la Rúa pretende que cada jurisdicción adopte los mecanismos que considere adecuados para ello.

Impulsar hasta el máximo del 0,6 por 1000 el impuesto a los créditos y débitos en todas las cuentas bancarias, eliminando las exenciones de las que goza cualquier tipo de entidades privadas. Asimismo, plantea que los pagos en comercios se realicen mediante tarjetas de créditos. Otra de las medidas es reformar el IVA para que se abone al momento en que se realiza la operación.