Tango de choque

La economía argentina se ha instalado en una crisis profunda que afecta gravemente a los mercados del cono sur latinoamericano y amenaza con contaminar a algunos mercados europeos, particularmente al de España, por las consecuencias que el efecto tango puede tener en la cuenta de resultados de las grandes empresas instaladas en Argentina. La Bolsa de Buenos Aires ha vivido dos jornadas negras el miércoles y el jueves, con caídas esporádicas de hasta el 13%, atenazada por dos graves incertidumbres: la posibilidad de una devaluación y la hipótesis de que el Estado argentino tenga que suspender el pago de la deuda externa.

Esas dos incertidumbres, que los inversores y analistas internacionales perciben como riesgos inmediatos, son la consecuencia de la incapacidad de las autoridades de Buenos Aires para enderezar la economía del país. El nuevo ministro de Economía, Domingo Cavallo, ocupó el cargo en marzo con la voluntad declarada de recuperar la competitividad sin tocar el tipo de cambio (un peso por un dólar) y respetando los compromisos de la deuda exterior (130.000 millones de dólares). Pero sus medidas neoproteccionistas no han podido evitar que la economía argentina agudice su recesión, que los inversores hayan aumentado su desconfianza -plasmada en una prima de riesgo que supera en 1.400 puntos básicos el tipo de interés de los bonos estadounidenses- y, como consecuencia fatal, se hayan secado las fuentes de financiación del país. Como ha reconocido el Gobierno, Argentina no encuentra quien le preste dinero a tipos razonables en los mercados financieros mundiales.

La gravedad del estrangulamiento financiero es la que incita a pensar en una desesperada y costosísima devaluación para quebrar la trampa cambiaria que obliga a Argentina a competir, con un tipo de cambio anclado en el dólar, con Brasil -cuyo real se viene depreciando de forma sistemática- y otras economías de la zona. Cavallo ha propuesto un nuevo recorte del gasto público, que se apoya fundamentalmente en una severa reducción de pensiones y salarios de los empleados públicos, lo que ha recibido una inmediata contestación sindical. Le falta por articular una reforma fiscal en regla que permita los ingresos públicos para estabilizar las cuentas del Estado. El presidente De la Rúa y su superministro de Economía han anticipado que, a falta de préstamos a precios asumibles, no le queda al país más remedio que ajustar sus gastos, mes a mes, a los recursos disponibles. El problema radica ahora en averiguar si el Gobierno de De la Rúa tiene reservas suficientes de capital político para convencer primero a sus conciudadanos de la inevitabilidad de su enésimo plan de ajuste y luego a las instituciones financieras internacionales.