Huelgas asimétricas
Creo que fue Churchill quien dijo que había que abolir el derecho de huelga porque la capacidad de hacer daño está asimétricamente distribuida. Más de uno ha debido de pensar en algo similar a lo largo de estas últimas semanas. No, claro está, en la supresión de lo que no deja de ser un derecho fundamental, pero sí al menos en la necesidad de proceder de una vez a su regulación para evitar situaciones como las que acabamos de vivir. Los no expertos han sido conscientes también de que la Constitución prevé una regulación de dicho derecho que, por algún motivo, nunca se ha emprendido. Es cierto que estuvo a punto de aprobarse una ley orgánica del derecho a la huelga en el Congreso de los Diputados, pero se frustró al convocar Felipe González elecciones anticipadas en 1993. No nos son conocidas las razones de este ostentoso 'silencio del legislador', aunque todos nos tememos que deben ser poderosas. A pesar de ello, ¿cómo es posible que los responsables de esta situación de vacío legal sigan sin darse por aludidos? Si se pudiera sancionar al legislador por no cumplir con su obligación ésta sería una de esas ocasiones. Tan responsables de esta situación son, por tanto, los diversos colectivos que se encuentran en una de esas posiciones estratégicas, como los diversos gobiernos que han permito que sigan beneficiándose de dicho privilegio.
Aquí es necesario, sin embargo, que nos movamos con cautela. No estamos ante una situación social general particularmente propicia para el respeto de los derechos de los trabajadores. Si hay un ámbito en el que la globalización ha entrado como un elefante en una cacharrería es, precisamente, el mundo del trabajo. Y los sindicatos se encuentran sometidos a una importante crisis de identidad y a un indudable acoso por parte de algunos medios. Esto lo comparten con tantos otros actores de la política tradicional. Es importante, por tanto, que sepamos diferenciar el nuevo papel que habrán de asumir para afrontar estas nuevas circunstancias de este otro tipo de cuestiones que no tienen nada de novedoso. En definitiva, y por empezar con el tema de los pilotos, su situación de privilegio como sindicato franja se corresponde perfectamente con actitudes gremiales que hunden sus raíces en pleno siglo XIX. Y las bases de sus privilegios, como también el de los controladores aéreos, comienzan en el monopolio que ostentan en la formación de sus cuadros, que les permite restringir a la medida de sus intereses la incorporación de nuevos técnicos. ¿Por qué no dejamos que opere aquí también, como con los ingenieros informáticos, la apertura de fronteras a otros asalariados de la misma categoría?
Donde sí que se encuentran blindados, sin embargo, es a través de la negociación colectiva, que quizá sea el aspecto decisivo de este problema y también necesitado de regulación. ¿Cómo evitar las externalidades que de forma palpable puede generar la aplicación del derecho de negociación colectiva cuando el mismo Estado está obligado a garantizar su aplicación? Aquí sí hay un desafío importante para los sindicatos y los poderes públicos. Como también lo hay si nos tomamos en serio el desarrollo de una 'responsabilidad civil de los sindicatos' (a este respecto es imprescindible el libro del mismo título de Ana de la Puebla en La Ley, 2001). No en vano, uno de los grandes problemas de las huelgas salvajes, como la de Baleares, por ejemplo, es que a pesar del daño producido, los responsables de los piquetes, de los actos de violencia o del incumplimiento de los servicios mínimos permanecen sin sanción. La reintegración al trabajo suele acompañarse siempre de una condición: el levantamiento de todas las sanciones, con lo cual no hay forma de desincentivar la potencial reproducción mecánica de este tipo de actitudes. Es un tema delicado sobre el que se pasa de puntillas, pero nadie puede seguir mirando para otro lado, sobre todo cuando el efecto que tienen para la economía y la imagen general del país es verdaderamente espectacular. Y el reto está en ver cómo se pueden poner límites al daño sin lesionar la capacidad de mediación de los sindicatos o restringir en exceso un derecho ya irrenunciable.
