La técnica que genera orujo con benzopireno lleva extendida desde 1997 con apoyo oficial

La urgencia con que la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, ordenó inmovilizar el martes todo el aceite de orujo español se compadece mal con la antigüedad del proceso productivo que genera los benzopirenos. Esa técnica empezó a usarse en España en los primeros años noventa, y se generalizó en 1997 con subvenciones oficiales. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la que se acoge ahora Villalobos data también de 1997. Y los análisis del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que detectaron el benzopireno se entregaron al Gobierno en enero.

Ninguna norma obligaba en 1997 a retirar del mercado los productos que superaran cierta cantidad de benzopireno. Pero tampoco había ninguna el pasado martes. Sobre el carácter tóxico y cancerígeno de esta sustancia, cuando se ingiere durante periodos muy prolongados, no le cabe la menor duda a ningún científico ni responsable político. Pero ni el sector del aceite ni los sindicatos agrarios ni la mayor parte de la oposición entienden por qué Villalobos rompió el proceso de negociación destinado a eliminar esas sustancias y emitió una alerta sanitaria que sorprendió incluso a otros miembros del propio Ejecutivo.

La versión oficial de Sanidad es que la alerta del martes vino provocada por unos análisis de 13 muestras recibidos el viernes pasado. Pero el problema arranca de mucho más atrás, como se resume a continuación.

- Subvenciones. El proceso de producción de aceite de orujo más extendido actualmente, que es el que genera una mayor cantidad de benzopireno y otros hidrocarburos tóxicos, empezó a utilizarse alrededor de 1993, y se generalizó en 1997. Siempre ha estado promovido y subvencionado por la Administración, debido a que evitaba los vertidos de alpechín (el líquido que resulta tras exprimir la aceituna y separar el aceite virgen), que son bastante contaminantes, a la red fluvial.

Las subvenciones para transformar las almazaras del sistema antiguo (llamado 'de tres fases') al nuevo ('de dos fases') costean entre el 40% y el 50% de los gastos, y proceden de fondos de garantía agraria que se financian así: 85% por Bruselas, 7,5% por el Gobierno español y 7,5% por la comunidad autónoma en cuestión.

- Normativa. La alerta sanitaria decidida por Villalobos no se fundamenta en ningún límite legal sobre el contenido máximo permitido de benzopirenos. España no tiene regulado ese límite, aunque el Instituto de Salud Carlos III, dependiente de Sanidad, está trabajando ahora para definirlo. El vicepresidente del Comité Científico sobre Alimentación Humana de la UE, Andreu Palou, explica que la unica legislación europea en la que se citan límites para el benzopireno es la referida a los saborizantes, y fija un nivel máximo de 0,03 partes por mil millones. Este límite, que es 30 veces más estricto que el que está usando ahora Sanidad en sus análisis, no es aplicable a los aceites.

La República Checa, que rechazó el pasado 27 de mayo una partida de aceite de orujo español por su contenido en benzopirenos, tiene la regulación más antigua y más estricta del mundo sobre esta materia, según ha señalado el ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Ese límite está entre una y dos partes por mil millones. Es decir, muy similar al definido ahora de facto por el Ministerio de Sanidad. Alemania utiliza límites que oscilan entre 5 y 25 partes por mil millones, según el tipo de alimento concreto, pero no especifica el aceite entre ellos.

- La OMS. En ausencia de límites legales, Villalobos ha apelado a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que consiste en 'minimizar la exposición humana tanto como sea posible'. Este criterio tampoco ayuda a explicar la urgencia de la alerta sanitaria del martes, puesto que fue emitido en 1997. En concreto, en el número 806 de su Serie de Informes Técnicos, datado en Ginebra en aquel año.

- Análisis del CSIC. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el gran organismo público de investigación, analizó el contenido en benzopireno de los aceites de orujo el pasado mes de enero. La razón fue que, unas semanas antes, Holanda había detectado benzopirenos en unas partidas de aceite de girasol.

El jefe del departamento de análisis del Instituto de la Grasa del CSIC, Arturo Cert, que fue quien realizó esos análisis, explicó ayer que los aceites de girasol españoles estaban libres de benzopireno. Sin embargo, las muestras de aceite de orujo contenían esa sustancia en niveles que oscilaron entre 20 y 25 partes por mil millones. Es decir, entre 20 y 25 veces el límite máximo definido ahora por el Ministerio de Sanidad, o el utilizado por la República Checa (aunque dentro de los márgenes utilizados por Alemania).

Cert comunicó esos resultados, en el mismo mes de enero, a las empresas del sector y al Ministerio de Agricultura. El ministerio consideró que esos niveles eran asumibles, puesto que estaban en línea con la regulación alemana. De la decena de refinerías de orujo que hay en España, sin embargo, dos se pusieron a trabajar inmediatamente para mejorar el proceso y reducir el nivel de benzopireno. Según Cert, esas dos refinerías ya han logrado producir un aceite con cantidades de benzopireno inferiores a una parte por mil millones, que por tanto se adaptarían a los criterios más exigentes previsibles.

El resto de las refinerías, estima este científico, podrían adaptar igualmente sus sistemas en el plazo de unos cinco o seis meses. Este era el objetivo de las negociaciones entre los ministerios de Agricultura y Sanidad y el sector, que llevaban dos semanas en marcha cuando Villalobos emitió la alerta sanitaria. El sector, por cierto, ya se había comprometido el lunes a eliminar los benzopirenos.

- Detonante checo. El Ministerio de Agricultura reconoce abiertamente que la actual crisis se originó por el rechazo checo a una partida de aceite español. Ese rechazo data del pasado 27 de mayo, y fue conocido por el Gobierno español unos días después. El departamento de Villalobos tampoco ha explicado por qué tardó un mes en emitir una alerta sanitaria tan supuestamente urgente.