Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Tribunal Superior anula el PGOU de Barbate y deja en suspenso las actuaciones urbanísticas desde 1995

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó, el pasado 18 de mayo, una sentencia en la que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Barbate (Cádiz), aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía el 20 de enero de 1995. El alto tribunal da la razón a un grupo de empresas y particulares barbateños que impugnaron el PGOU al considerar que era contrario al ordenamiento jurídico.

Esta sentencia, que es firme porque el Ayuntamiento no la ha recurrido ante el Supremo, deja sin efecto todas las ejecuciones urbanísticas que se han realizado en esta localidad en los últimos seis años. El documento queda ahora en exposición pública durante un mes para que los recurrentes puedan presentar las alegaciones que crean oportunas.

El ex concejal de Barbate y promotor inmobiliario Jesús López acusó ayer al alcalde barbateño, Juan Manuel de Jesús, del PP, de cometer 'presuntamente' un delito de prevaricación al firmar un proceso de expropiación de los terrenos de un polígono industrial, que construirá el Ayuntamiento junto con la Zona Franca de Cádiz, cuando ya conocía la suspensión del PGOU. El PP salió en defensa del primer edil. 'Estoy convencida que el alcalde ni ha cometido ni cometerá ninguna ilegalidad', espetó María José García Pelayo, presidenta del PP de Cádiz. El gobierno local no se pronunció ayer sobre esta sentencia.

Atlanterra

Por otra parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, acusó ayer al Ayuntamiento de Tarifa de 'dinamitar' la futura orden urbanística de la zona de Atlanterra al conceder más de cien licencias de primera ocupación. Según el Gobierno andaluz, esta concesión 'vulnera' una resolución del Parlamento andaluz, aprobada por unanimidad, para que se suspendiese la concesión de licencias hasta que una comisión técnica (integrada por la Junta, el Ayuntamiento y una representación vecinal) diseñase un plan de desarrollo urbanístico futuro en esta zona.

Con las nuevas licencias, el consistorio de Tarifa, gobernado por Juan Andrés Gil, un tránsfuga de IU que gobierna con el apoyo de PP y los independientes del TAIP, incumple además el acuerdo ratificado en un pleno municipal por el que se suspendían las licencias de parcelación, edificación y demolición, entre otras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de julio de 2001