Ilegalidad urbanística

Carta abierta a Concepción Gutiérrez, consejera de Obras Públicas: Por la prensa quedo informada del anteproyecto de ley presentado por usted sobre la ilegalidad urbanística. La felicito por esta empresa tan útil e indispensable que, supongo, no sólo propugnará la armonía estructural de la maravillosa Andalucía, evitándole otras construcciones salvajes así como inoportunos arbitrios sino que, de por su existencia, tal normativa protegerá a las víctimas de obras irregulares consentidas por los ayuntamientos irrespetuosos de sus propios planeamientos urbanos.

Y cito como ejemplo a Torremolinos, en que el Edificio Leo, bloque de unos 50 propietarios, a dos pasos de la calle San Miguel, nacido con tres plantas, ha sido incrementado de una quinta pese al Plan General de Ordenación Urbana que determina el sector como 'manzana cerrada 3'.

El Ayuntamiento, avisado inmediatamente del desastre provocado por estas obras ilícitas, sujetas a oscurantismo, realizadas sin normas de seguridad y en plena transgresión de los artículos 7 y 9 de la Ley sobre la Propiedad Horizontal, ha permitido al responsable de las mismas continuar la construcción especulativa de cuatro apartamentos en toda la superficie de la azotea del edificio (¡sólo Dios sabe el por qué!). Tras reclamaciones de vecinos, el único documento (de 40 centímetros cuadrados), exhibido ante el portón, ha sido una licencia caduca del año 1995 en la que se consentía una transformación de hostal a viviendas.

A este día, esperamos siempre una respuesta oficial que nos tranquilice sobre la ausencia de riesgo en este inmueble sacudido, maltratado, menoscabado, lleno de grietas, etcétera, y en el que nos sentimos olvidados por aquéllos cuyo deber es el de darnos serenidad y no el de contribuir a angustiar nuestra existencia.

Muchos de los propietarios han puesto en venta sus apartamentos, impotentes ante la situación tan ambigua e incierta que nos han impuesto.

Señora, desazonada por el secretismo en torno a este asunto y vistos los derrumbamientos en Madrid y últimamente en Israel (300 víctimas), en que el propietario del local siniestrado se precipitó en recuperar, bajo los escombros, documentos a fin de acudir al Ayuntamiento para eliminar pruebas, espero que nos ayude usted en nuestros derechos frente a, concretamente, un urbanismo local que, dada su pasividad, debería ser supervisado por organismos oficiales independientes de dicha municipalidad en beneficio de la seguridad y del crédito debido a sus administrados.