Aceite hirviendo

No han sido convincentemente explicadas las razones que han llevado a la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, a utilizar el procedimiento de la alerta sanitaria para abordar una cuestión importante: la conveniencia de reducir las cantidades de benzopireno en el aceite de orujo de oliva. El tema no es nuevo ni parece ser científicamente tan urgente para no haberse afrontado mediante una negociación pausada con el sector, que necesita un tiempo para adaptar sus procesos de refinado a unas normativas previsibles, pero aún no existentes. De hecho, esas negociaciones llevaban en marcha dos semanas cuando Villalobos decidió repentinamente, el martes pasado, romper la baraja e inmovilizar cautelarmente las partidas de todas las marcas de ese producto, que supone el 8% de la producción española de aceite de oliva. ¿Qué ha ocurrido para tomar una decisión que añade más alarma alimentaria a las que vienen sucediéndose?

El benzopireno es una sustancia cancerígena a largo plazo, aunque no haya un consenso sobre qué cantidades pueden considerarse admisibles para el consumo. La lista de alimentos que lo contienen no se limita al aceite de orujo: casi cualquier material orgánico sometido a combustión, o a altas temperaturas, contiene benzopireno. La cuestión, como siempre, es cuánto y durante cuánto tiempo. La Administración debería definir un límite de seguridad, mediante los reglamentos necesarios, para que los consumidores y los productores de alimentos supieran a qué atenerse. Sólo entonces podría entenderse la inmovilización cautelar de productos que superaran esos límites.

Por lo demás, la versión oficial de Sanidad discrepa de la ofrecida por Agricultura y por el sector. Sanidad asegura que la alerta urgente del martes vino provocada por el análisis de 13 muestras de aceite cuyos resultados conoció el viernes anterior. Agricultura y el sector, sin embargo, afirman que el origen del problema fue el rechazo por la República Checa de una partida de aceite de orujo español, debido a su excesivo contenido en benzopireno. Ese rechazo ocurrió en los primeros días de junio. Si la inmovilización está justificada, ¿por qué el Gobierno no la adoptó a principios de junio? O mucho antes, toda vez que la presencia de benzopireno en el aceite de orujo era conocida desde hace años, aunque no se considerara excesiva.

La confusión aumentó ayer cuando el ministro de Agricultura sugirió que lo más conveniente sería que la UE estableciera unos límites de benzopireno aplicables a todos los países miembros; y añadió que, mientras no exista esa normativa, su departamento promoverá inmediatamente una regulación nacional. ¿Necesitaba el ministro una alerta de Sanidad para adoptar esa iniciativa? La falta de coordinación entre ambos departamentos tiene un cariz preocupante.