El proyecto de ley de huelga de 1993 preveía 'medios sustitutorios' si se incumplían los servicios mínimos

El proyecto de ley de huelga que el Senado remitió el 29 de marzo de 1993 al Congreso para su ratificación definitiva, y que decayó con la convocatoria de elecciones el 12 de abril, preveía que 'la autoridad gubernativa' utilizara 'medios sustitutorios' para evitar 'daños irreparables' por el 'incumplimiento de servicios mínimos en los sectores esenciales'. Los sindicatos UGT y CC OO mantuvieron ayer que, con aquella ley, se habrían podido evitar sucesos como los de Baleares.

El transporte de viajeros estaba considerado -tanto en el proyecto del Gobierno como en el que posteriormente reformaron entre el Grupo Socialista y los sindicatos- como un 'servicio esencial'. Para todos los servicios esenciales, aquel proyecto de ley preveía la fijación, a priori, de los servicios mínimos. Esta fijación 'en frío' de servicios mínimos es una de las demandas que hoy desearían fijar los sindicatos y consiste en que, con carácter general, se acuerde cuáles deben ser esos mínimos para el caso hipotético de huelga en aquellos sectores que se considera dan un 'servicio esencial a la comunidad'.

El proyecto que decayó en abril de 1993 preveía que, en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, se fijaran los servicios mínimos que, con carácter general, debían cumplirse en todos los sectores considerados 'esenciales'. Antonio Gutiérrez, ex secretario general de CC OO, recuerda que para esa negociación a futuro había un preacuerdo para impedir la 'simultaneidad' de huelgas en servicios de 'similar naturaleza' (como autobús y metro) y para dificultar la posibilidad de convocar huelgas, por ejemplo, en el transporte en épocas de vacaciones.

El incumplimiento de los mínimos permitía, en el proyecto de ley que resultó del trámite parlamentario, que las autoridades utilizaran 'medios sustitutorios para la efectiva prestación de los servicios correspondientes'. Esa prevención, recogida en el artículo 16 de aquel proyecto, no era muy del gusto de los sindicatos, pues suponía la legalización de los 'esquiroles'. Las centrales, a cambio, apludían y querrían ahora recuperar el método de fijación de servicios mínimos: en primer lugar, se suponían previstos en frío, si esto fallaba debían ser pactados, si no había pacto había que aceptar el arbitraje y sólo si se incumplía lo dispuesto por el árbitro llegaba la sanción. Para el arbitraje, aquel proyecto preveía la creación, en la Administración, de 'una comisión de mediación' de cinco expertos nombrados por el Gobierno para todos los conflictos. Ahora, ese árbitro se designa también por la autoridad gubernativa pero específicamente para cada conflicto.

La patronal CEOE, a cambio, recuerda más inconvenientes que ventajas de aquel proyecto de ley. Apunta, por ejemplo, que con el texto pactado por el Grupo Socialista y los sindicatos resultaba 'extremadamente difícil' definir cuándo una huelga es 'ilegal'. Veían más clara la definición de las huelgas ilegales en el proyecto originario del Gobierno socialista. El segundo gran escollo de aquella norma para la patronal era que daba carta de legalidad a los piquetes.