Agricultura pide medidas urgentes para desbloquear la crisis de la peste porcina

El Departamento de Agricultura de la Generalitat solicitó ayer al Gobierno central, por tercera semana consecutiva, que adopte medidas urgentes de mercado y de sacrificio obligatorio de animales previstas en la actuación contra la peste porcina clásica (PPC) ya que de lo contrario la situación del ganado inmovilizado en las granjas puede llegar a ser muy crítica.

El sector del porcino del sindicato Unió de Pagesos (UP) ha convocado para hoy una concentración de ganaderos ante la subdelegación del Gobierno en Lleida para reclamar a la Administración central medidas que ayuden a superar la crisis provocada por una enfermedad que desde el 15 de junio ha obligado a sacrificar más de 32.000 cerdos y a inmovilizar un tercio de la cabaña porcina.

Desde que se detectó el primer caso de peste en una explotación de Soses (Segrià), más de 800.000 cerdos de todas las edades y pesos han quedado inmovilizados en las zonas de protección y de vigilancia establecidas alrededor de los diferentes focos declarados. Estos animales se han reproducido y han ganado peso, con lo que la situación se ha hecho insostenible para los ganaderos y para el bienestar de los mismos animales.

Por eso, desde Agricultura y UP se pide que se activen las medidas excepcionales de mercado previstas para casos de crisis como ésta y poder dar salida al ganado que se halla inmovilizado en las explotaciones situadas en un radio de 10 kilómetros de los nueve focos activos de peste y poder indemnizar a los ganaderos. Para ello la Unión Europea debería autorizar al Gobierno español la compra de estos animales para su destrucción. Los ganaderos consideran que con esta medida, que ya se aplicó en la anterior crisis de 1997, se aislarían las zonas afectadas y se reduciría el riesgo de contagio entre los animales.

UP propuso, sin éxito, que los animales inmovilizados no sean destruidos, sino que puedan ir al matadero para el consumo humano si los análisis serológicos demuestran que no están enfermos. Esto, asegura el sindicato, evitaría una distorsión grave del mercado, una posible crisis de precio y que la peste se convierta, como ocurrió hace tres años, en un gran negocio para algunos productores, especialmente las grandes empresas integradoras. En la última crisis, el 90% de los cerdos que se destruyeron estaban sanos.

El consejero de Agricultura, Josep Grau, ha requerido al ministro Miguel Arias Cañete la necesidad de establecer medidas para ayudar a los ganaderos perjudicados por la peste. Estas medidas están previstas por la UE para luchar contra la propagación de enfermedades ganaderas. El 50% de las indemnizaciones corresponden a la UE y el resto a partes iguales al Estado español y a la Generalitat.