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Agrupaciones ciudadanas de Córdoba acusan al PP de injerencias

Una representación del Consejo Provincial de Participación Ciudadana de Córdoba, encabezada por su director, José Antonio Rodríguez Borrego, denunció ayer al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, la pretensión del PP de interferir en la organización y gestión de sus instituciones.

Los representantes del organismo, que aglutina a mas de 700 colectivos y ONG de la región, se quejaron de la pretensión del PP cordobés de que se aplique la Ley de Asociaciones de 1964, preconstitucional, pero vigente. Según ésta, agrupaciones como el Consejo deben estar presididas por un cargo político, lo que, en palabras de Rodríguez, 'significaría dejarlas a merced de los intereses de los partidos'

En favor de la aplicación de la citada ley se pronunció el pasado sábado María Jesús Botella, portavoz del Partido Popular de Córdoba, en declaraciones a diversos medios. 'Lo curioso es que el PP aprobó en 1996 un reglamento sobre este tema y ahora lo contradice', comentó Rodríguez.

El Consejo, pionero en España, existe desde 1997. Sus representantes sostienen que se necesita una nueva regulación legal para estos grupos ciudadanos y sustituir la democracia representativa por la participativa, donde 'el voto no es un cheque en blanco, sino que se debe administrar'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de junio de 2001