El Constitucional 'es restrictivo con la prisión preventiva'

¿Cómo es posible que estuviese en libertad el ciudadano moldavo que degolló al abogado de Pozuelo Arturo Castillo si sobre aquél pesan nueve detenciones por robos, algunos con fuerza en la cosas e intimidación? Raimunda de Peñafort, titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, subraya que la doctrina del Tribunal Constitucional es 'muy restrictiva' respecto a la prisión preventiva, que colisiona con la presunción de inocencia. Peñafort suele estar de juez en funciones de guardia al menos dos veces por mes. Cuando le toca guardia es ella la que decide si han de quedar en libertad o ir a prisión los detenidos que le lleva la policía.

Para decretar una prisión preventiva, puntualiza, 'es preciso que se cumplan tres requisitos: que la pena susceptible de imponer por el delito motivo de la detención sea superior a tres años de cárcel; que exista un riesgo real de fuga y que el fiscal pida al juez (punto éste fundamental) la prisión en la comparecencia'. 'Si no se dan estos tres requisitos, no se puede meter a nadie en la cárcel preventivamente', apunta Peñafort.

La reincidencia, el hecho de que el detenido esté involucrado en otros delitos anteriores y tenga antecedentes policiales, en ningún caso es razón legal para decretar la prisión preventiva, agrega esta magistrada. 'Muchas veces me he encontrado con personas que han sido detenidas más de 100 veces por hurtos -la mayoría, carteristas- en un solo año y he tenido que dejarlas en libertad', explica esta magistrada.

Requisitos

El supuesto asesino de Pozuelo, Pietro Arcan, cumplía al menos dos de los tres requisitos, a juzgar por los datos facilitados por la policía, que revelan que había sido detenido nueve veces, varias de ellas, por robos en chalés. Esta figura delictiva lleva aparejada en el Código Penal un castigo de entre dos y cuatro años de cárcel -es decir, Arcan cumplía el primer requisito-. También concurre en él el segundo requisito -puede huir, porque no tiene domicilio conocido en España-. En cambio, se ignora si el fiscal pidió prisión preventiva para él por alguna de sus fechorías. 'Si el fiscal lo pide, lo normal es que se decrete la prisión preventiva, pero durante dos o tres meses, no más'. Los jueces evitan mantener a un reo en la cárcel más tiempo del que sospechan puede recaerle como pena en la sentencia, afirma Peñafort.

Hay otros robos en los que concurre violencia y cuyos autores difícilmente acaban en prisión preventiva. 'El llamado tirón, llevarse un bolso por la fuerza, rara vez deriva en prisión preventiva. En la fiscalía existe el criterio de no pedir cárcel por un tirón si el agresor no ha usado un arma ni la víctima ha sufrido lesiones', aclara Peñafort.