El futuro del ex juez ante la renovación del CGPJ
El proceso abierto tras el fallo del Tribunal de Conflictos ordenando el reintegro en la carrera judicial de Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación continuada en el caso Sogecable, llega cargado de incertidumbre.
El auto del Tribunal de Conflictos mantiene que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la institución competente para determinar cómo y cuándo vuelve a la carrera judicial Javier Gómez de Liaño. Pero nadie ha precisado aún en qué momento el Poder Judicial va a resolver el futuro del ex juez prevaricador ni qué instancia judicial deberá remitirle el fallo del Tribunal de Conflictos para que aplique la resolución. O si basta con que el fallo sea publicado en el Boletín Oficial del Estado para que intervenga el Poder Judicial.
La izquierda parlamentaria (IU y PSOE) mantiene que el Gobierno de José María Aznar ha tramitado de urgencia la modificación legislativa que permitirá renovar los vocales del Poder Judicial con el objetivo de favorecer a Liaño.
Los miembros del actual Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato de cinco años concluye ahora, fueron designados directamente por los grupos parlamentarios de la manera que sigue: siete del PSOE, siete del PP, dos de IU, dos de CiU, uno del PNV y uno de Coalición Canaria.
Con el nuevo sistema de elección del Poder Judicial, las asociaciones y los jueces independientes proponen 36 candidatos al Congreso y al Senado, que elige de entre ellos a 12 vocales del Consejo. Los ocho vocales restantes son designados directamente por los grupos parlamentarios.
Mayoría conservadora
Con el nuevo modelo, acordado por PP y PSOE en el Pacto de la Justicia, los vocales de tendencia conservadora, y por tanto, afines al PP, pueden llegar a ocupar entre 12 y 14 asientos de los 20 del Consejo, según los cálculos de los expertos.
La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirá establecer el nuevo sistema de elección de vocales se aprobará definitivamente en el Senado a finales de junio. A partir de ese momento, las asociaciones judiciales tendrán 15 días para presentar a 18 de los 36 candidatos entre los que elegirán los diputados y los senadores.
Los otros 18 candidatos restantes deberían salir de entre los jueces independientes. Cada magistrado independiente debe reunir 73 firmas -el 2% del número total de jueces- para optar a una vocalía. Si los independientes no cubren su cupo de 18 candidatos, las asociaciones judiciales, en función de su número de asociados, podrán ocupar esas vacantes.
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