Asunto capital

También los dioses de la política juegan a veces a escribir derecho con renglones torcidos. Así, por los laberintos de una cierta táctica del aldabonazo y la polémica, han empezado a darle la razón al alcalde de Sevilla en algunos asuntos de mayor cuantía. A lo mejor no es ni siquiera una táctica, sino una acumulación natural de problemas. Y a lo mejor no es ni siquiera natural, sino una entremedias de provocación y de esperar que escampe. Por ejemplo, Tablada, donde hasta su más íntimo enemigo, el PA, ha reconocido que el antiguo aeródromo militar debe mantener su vocación verde y de elemento articulador del Área Metropolitana de Sevilla, rompiendo para ello todo un convenio urbanístico firmado por Rojas Marcos con las cajas de ahorro de Sevilla (¿les suenan a ustedes de algo?) para 'urbanizar' ese espacio de aquella manera. También el pasado 28 de mayo, un juzgado de la capital ha reabierto el lastimoso asunto del Bazar España, al observar indicios de responsabilidad penal en el Ayuntamiento, comandado entonces también por la coalición PP-PA. Pues por decir en su día algo muy parecido, a Monteseirín estuvieron a punto de lapidarlo en la plaza pública.

Y vamos con la tercera, y más trascendente: el estatuto de gran ciudad. Ya recordarán el pandemónium que se formó y la cantidad de gente que se sintió agraviada porque Monteseirín, mes de enero, Club Siglo XXI, lanzó su más atrevida e 'imperdonable' propuesta: Sevilla necesita un estatuto especial que le permita afrontar el futuro con algo más de lo que tiene, que es más bien poco. No hizo sino expresar en voz alta lo mismo que piensan otros alcaldes con parecidos problemas. Lo que ocurre es que como son casi todos del PP (Valencia, Málaga, Valladolid...), no iban ellos a soliviantar al jefe con exigencias tales. Pero muy bien les vino que el de Sevilla levantara la liebre, reventando la estrategia del Gobierno de Aznar, que acariciaba la idea de pegar el corte en Valencia, y compensar a Málaga, a Cádiz, a Valladolid, tal vez a Sevilla, a Granada, por otros conceptos, desde luego menos reglados que los de una ley especial. Esto es, condicionando ayudas particulares a la docilidad de los votantes, como ya hizo en 1997 con la 'tacita de plata', inventándose sobre la marcha un 'estatuto de insularidad' para favorecerla con 600 milloncejos, y por una sola vez. En cambio, ahora, y gracias a que Monteseirín abrió la caja de los truenos, el gobierno se propone avanzar en esa ley de grandes urbes, o de grandes conurbaciones, con parámetros semejantes para todas: mayor autonomía, fiscal y política, áreas metropolitanas, asunción de nuevas competencias, etcétera. Desde luego el de Sevilla no mencionó aquel día de enero a ninguna otra ciudad, pero ni falta que le hizo. Hasta de sus propias filas le llovieron chuzos de punta. (Por cierto, de parte de algunos 'compañeros' que nunca han pasado el doble Rubicón de unas primarias y unas elecciones municipales). Hoy, tras la visita del pasado viernes al Ayuntamiento de Sevilla del Secretario de Estado para la Administración Pública, que recogió, encantado, de manos del alcalde, unas bases para esa imprescindible ley de grandes ciudades, todos callan. Hacen bien, por la cuenta que les trae.