El fiscal pide 15 años por el homicidio de un joven mientras las defensas tachan el proceso de 'ilegal'

De los siete acusados, sólo cinco se sentaron en el banquillo. Uno fue asesinado en marzo pasado y otro no compareció, por lo que el juez decretó su busca y captura y su ingreso en prisión.

José Manuel T.S. murió sobre las 5.30 del primer día de 1998. Una herida de arma blanca que le llegó al corazón acabó con su vida. Según el relato de la fiscalía, la víctima y los acusados mantuvieron una discusión en un pub del puerto deportivo de Estepona, por lo que todos fueron expulsados del local por su propietario. Ya fuera, los inculpados comenzaron a agredir a José Manuel.

El fiscal y el abogado de la familia de la víctima coincidieron en que Manuel V.C. fue el autor material del crimen y que Antonio C.R. le facilitó el arma homicida. Ambos pidieron 15 años de cárcel por homicidio para ambos acusados, que llevan dos años en prisión por esta causa. El fiscal y la acusación también coincidieron en que hubo cuatro cómplices: Ventura R.M., María Francisca V.C., José David M.R., y Cristóbal Abel A.O. Este último es el que está en busca y captura y el primero, el que murió abatido en un ajuste de cuentas en Marbella. Para todos, el fiscal y la acusación solicitaron ocho años. En el caso de la mujer, el abogado de la familia elevó la pena a 10 años porque, según la investigación, cuando la víctima estaba desangrándose, le propinó patadas en la cara y el estómago. La acusada para la que el fiscal y acusación pidieron el castigo más leve -un año- fue Rocío F.G., quien según sus relatos no hizo nada para impedir el delito.

Las cuatro defensas coincidieron en que sus clientes no estuvieron en el puerto de Estepona aquella noche, que no participaron en delito alguno y que procedía la absolución.

La única inculpada que declaró ayer confirmó estos argumentos. Rocío F.G. se retractó de su declaración en comisaría y aseguró que fue coaccionada por la policía para autoinculparse y acusar a los demás. Afirmó que los agentes le dijeron que si quería dormir en su casa tenía que declarar lo que ellos le indicaran ya que de lo contrario se iba a 'podrir en la cárcel'. Según su versión, su abogado llegó momentos después de estas presiones, pero no se animó a cambiar su testimonio porque tuvo mucho miedo. Esta fue la razón por la que tampoco denunció a los policías y por la que no se desdijo ante el juzgado instructor. Rocío declaró que no estuvo aquella noche en el pub donde se inició la discusión, sino en otra discoteca en la que permaneció hasta las 7.30, cuando se fue a casa.

Los letrados de los acusados tacharon el proceso de 'inquisitorial e ilegal' al sostener que en la imputación se vulneraron las garantías constitucionales del derecho de defensa. Los letrados aludían a que la policía usó hasta ocho testigos protegidos y otras dos que siendo menores declararon sin la presencia de sus padres. Las defensas argumentaron que la imputación fue producto de la necesidad de encontrar culpables ante el 'fracaso policial' e insistieron en que durante más de un año los agentes dieron 'palos de ciego' lo que llevó incluso al sobreseimiento de la causa.

Un año y medio después del homicidio, las actuaciones se reabrieron con la imputación hacia los acusados que ayer se sentaron en el banquillo. Los abogados hicieron hincapié en que las primeras pesquisas siempre apuntaron a sospechosos de La Línea (Cádiz) y nunca a sus defendidos. Incluso apuntaron que testigos presenciales oyeron a una mujer decir al homicida 'Juan, déjalo que lo vas a matar' y que ninguno de los inculpados se llama así.

Tras proclamar la inocencia de los acusados, uno de los abogados recordó al jurado el caso de José Joaquín Martínez, el español condenado a muerte y absuelto después. Les advirtió de que en sus manos estaba hacer o no hacer 'lo mismo' que hizo aquel jurado de Estados Unidos. El fiscal pidió una indemnización de 15 millones para el padre; cantidad que la acusación elevó a 20 millones, más siete para los hermanos.