La patronal francesa amenaza con boicotear la Seguridad Social si se utiliza para financiar la jornada de las 35 horas
La Medef, principal organización patronal de Francia, amenazó ayer con abandonar la Seguridad Social si el Gobierno persiste en el propósito de usar parte de sus fondos para financiar la reducción de jornada a 35 horas semanales. El abandono se materializaría absteniéndose de presentar candidatos a ocupar puestos de administradores de la Seguridad Social en julio próximo, rompiendo así un compromiso de la patronal mantenido a lo largo de 55 años.
La dirección de la organización patronal argumenta que la Seguridad Social está hecha para los enfermos, los jubilados y las ayudas familiares, de forma que meter mano en sus fondos para potenciar la reducción del tiempo de trabajo es justamente la idea contraria a la que debe animar a la Seguridad Social.
Algunos sindicatos restaron importancia a la advertencia y recordaron que la organización patronal lleva dos años amenazando periódicamente con tomar esta medida y nunca ha llevado a cabo ninguna medida concreta.
La ministra de Empleo y Solidaridad, Elisabeth Guigou, confirmó la semana pasada la voluntad gubernamental de recurrir a la Seguridad Social, tras una reunión de la comisión de cuentas de la Seguridad Social, en la que participaron patronal y sindicatos, y en la que se dio cuenta de un excedente de 5.200 millones de francos ( 130.000 millones de pesetas) en 2000 y una previsión de 8.000 millones de francos (200.000 millones de pesetas) de excedente para el año en curso.
El mecanismo previsto consiste en cargar a la Seguridad Social, y no al presupuesto del Estado, la exoneración de cotizaciones patronales a las empresas a medida que éstas pasan al régimen de 35 horas.
La presión empresarial sobre el Gobierno se produce en paralelo con las tensiones que éste sufre en su seno, a propósito del endurecimiento de las medidas contra el despido. El voto de estas disposiciones, aplazado hace dos semanas, está previsto de nuevo para mañana y tanto el Partido Comunista como la extrema izquierda exigen una ley más dura contra los empresarios.
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