La oposición vecinal impide a dos de cada tres minusválidos instalar rampas

La denuncia sobre esta realidad fue hecha por la Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos (Camf), que desde hace varios años viene reclamando una reforma legal para que se elimine ese quórum necesario entre la comunidad de vecinos y baste con la autorización de la Administración competente. La organización además critica la 'desidia política' en torno al asunto, ya que sólo un grupo político del Congreso ha contestado a los escritos remitidos hace más de dos meses reivindicando la modificación de la norma.

En la mayoría de los casos, la negativa vecinal se debe a razones estéticas, según la Camf. Aunque también existen otros motivos, como las reticencias a acometer una reforma que puede costar más de 500.000 pesetas o las rencillas personales. Y, según la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), si la mitad más uno de los vecinos no aprueba la obra, ésta no se hace.

Al minusválido le quedan entonces dos opciones: que alguien le ayude a superar la barrera arquitectónica cada vez que tenga que tenga que entrar o salir, o demandar a la comunidad. Los jueces generalmente dan la razón a los afectados, pero tras un proceso que puede prolongarse hasta tres años. Y aunque gane el pleito, el demandante deberá pagar la construcción de la rampa.

Tras haber intentado sin éxito una solución a través del Defensor del Pueblo y de aguardar en vano casi un año a que la secretaria general de Asuntos Sociales, Concepción Dancausa, cumpliera su compromiso de intentar una modificación de la ley, a principios de abril la Camf remitió escritos a todos los grupos parlamentarios del Congreso para pedirles un cambio de la norma. Sólo Convergencia Democrática de Catalunya contestó tres semanas más tarde que tendría en cuenta su petición.

Recurso

La confederación decidió acudir a los grupos parlamentarios, tras fracasar en el recurso de inconstitucionalidad que intentó tramitar a través del Defensor del Pueblo. En su respuesta a la Camf, esta institución admitió que tenía 'lógicas discrepancias con el contenido de la ley', pero estimó que ni el recurso ni su reforma eran 'oportunos' porque había sido modificada recientemente.

En una década, la LPH ha sido modificada en dos ocasiones para flexibilizar su exigencia, que en 1990 pasaba por la unanimidad de los vecinos. Una primera reforma redujo ese quórum a los tres quintos y otra posterior al 51% actual.

El Defensor del Pueblo incluso inició hace un par de años un estudio para conocer la realidad. Gonzalo Rivas, portavoz de la Camf, no oculta su indignación frente a la falta de soluciones. 'Si una mujer es maltratada no hay que hacer un estudio. Es un delito y punto. Nuestro caso es el mismo. No es una cuestión de estudios, sino de justicia. Para entrar en nuestras viviendas no tenemos que pedir permiso', argumenta.

Según la organización, el requisito del 51% vulnera varios principios de la Constitución: a la libertad de circulación, a una vivienda digna y a la no discriminación, a la vez que quebranta el mandato constitucional que impone a los poderes públicos el salvaguardar los derechos de los discapacitados.

Desde la Camf se recuerda, además, que el problema no sólo afecta a los minusválidos físicos, sino también a accidentados, enfermos, ancianos o personas con niños pequeños. Por ello, la propuesta de la confederación pasa por que se elimine el requisito del apoyo vecinal y que baste con la autorización de la obra por parte de la Administración competente. 'La comunidad no puede tener la opción de negarse a realizar obras de accesibilidad', apunta la organización en su escrito a los grupos políticos. Además, exige que el coste de la obra sea asumido por la comunidad de propietarios ya que también será utilizada por el resto de los vecinos.