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Los cuatro condenados por el 'caso Ollero' recurren al Supremo por las escuchas

Los cuatro condenados por el caso Ollero, sobre el pago de comisiones, basarán sus recursos ante el Tribunal Supremo, que se verán el día 26, en la ilegalidad de las escuchas telefónicas y las influencias 'poco creíbles' que ofrecía el intermediario Jorge Ollero. Los recursos de casación piden la nulidad de las condenas al considerar que la juez de instrucción 17 de Sevilla llevó a cabo un proceso 'clandestino contra el que era imposible defenderse' y durante cinco meses permitió a la Policía 'pinchazos' telefónicos como única actividad investigadora, algo que consideran 'desproporcionado para el delito perseguido'.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla absolvió al ex consejero de Obras Públicas Juan José López Martos de delitos de prevaricación y cohecho pero condenó al ex director general de Carreteras, Manuel Ollero, a un año de inhabilitación para cargo público por revelación de secretos.

Su hermano Jorge, que en julio de 1992 había sido detenido con un maletín con 22 millones de pesetas procedentes del pago de comisiones, según su primera declaración, fue condenado a tres meses de arresto por tráfico de influencias en la concesión de un tramo de la autovía A-92.

Jesús Roa, ex presidente de la constructora Ocisa, a la que se adjudicó la obra, fue condenado a tres meses de arresto por cohecho y a un año de prisión por falsificación de documento mercantil, y el directivo de dicha empresa Luis Nogueira fue condenado a dos penas de multa como cómplice.

Ángel Zamora, defensor de Manuel Ollero, alega que éste fue informado de la denuncia contra él seis meses después de incoadas las diligencias, por lo que afirma que 'contra un proceso clandestino es imposible defenderse'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de junio de 2001