1.400 familias de Villaverde deciden en 15 días si derriban sus casas ruinosas

Ante el informe de la EMV que alertaba de que 1.400 viviendas están en peligro de derrumbe en San Cristóbal de los Ángeles, los vecinos se han dado de plazo 15 días para decidir qué hacer. Este barrio está incluido en el convenio que se firmó en octubre de 1999 entre el Ayuntamiento, el ministerio de Fomento y el Gobierno regional y por el que las tres administraciones se comprometían a ayudar en la rehabilitación del barrio a través de subvenciones. El acuerdo termina en 2005, y por eso los vecinos se están dando prisa en decidir si tiran abajo o no sus casas para poder acceder a la ayuda pública para rehacerlos.

'No tenemos mucho tiempo. Rehabilitar la zona es un proceso muy complejo que lleva años. Hay que ponerse de acuerdo, consultar a arquitectos, pedir las subvenciones, hablar con el Ayuntamiento para que realoje a los vecinos, construir los nuevos bloques... Por eso, el paso más importante, es que los vecinos decidan qué quieren hacer con sus casas', afirmó ayer Prado de la Mata, presidenta de la asociación de vecinos de San Cristóbal de los Ángeles.

6.000 viviendas En el barrio hay casi 6.000 viviendas. Además de las 1.400 que, según la EMV, hay que cimentar, hay otras 3.400 casas en mejor estado. Aunque, de momento, no necesitan tirar sus casas, los residentes de estos edificios deciden estos días si las rehabilitan o no. 'Si decidimos rehabilitar, necesitamos un seguro que nos confirme que, en diez años, el bloque no se va a caer', comentó un vecino. Pero el principal problema con el que se encuentran los residentes es que los inmuebles están construidos sobre arcillas expansivas y la cimentación es muy complicada.

Para lograr un acuerdo sobre el futuro de los bloques de viviendas de San Cristóbal, de propiedad privada y construidas en la década de los cincuenta por Poblados Dirigidos, del extinto Ministerio de la Vivienda, por la inmobiliaria Norah y por Renfe, se necesita la unanimidad de cada comunidad de vecinos. Basta que una persona perteneciente a un bloque se niegue para que el inmueble en cuestión no se derribe. Por eso, ahora, los 6.000 residentes del barrio se están reuniendo por portales. Si deciden rehabilitar, los habitantes tendrán que pagar unos cuatro millones de pesetas de media; si deciden demoler, el precio de tirar la casa y levantar otra asciende a ocho. Las administraciones, por medio del convenio firmado en 1999, ponen un millón de pesetas por familia. Pero el acuerdo es, en ocasiones, imposible: bien porque alguno de los vecinos no tiene recursos (el barrio está poblado de familias de origen humilde) o bien porque no quieren. 'Acabo de comprarme el piso, sólo faltaba que ahora tuviese que tirarlo', comentó ayer una vecina del número 46 de la calle de Rocafort.

Los vecinos de diez edificios ya han decidido demoler. Entre estos residentes se encuentran las 20 familias del número 44 de la calle de Rocafort, que, tras dejar sus casas hace más de un mes por riesgo de inminente derrumbe, dormir una noche en la calle y sufrir un desalojo policial de las tiendas de campaña que montaron en la vía pública para protestar, ya han sido casi todos realojados en pisos de la EMV. Sólo queda una mujer que, de momento, no acepta los pisos que le ofrece este organismo.

Pero, en el caso de este edificio y de otros muchos, no sólo es necesario que sus residentes se pongan de acuerdo. Como la barriada está construida en forma de plazoletas, los inmuebles se apoyan unos en otros, de forma que para demoler uno de los bloques tienen que estar de acuerdo los habitantes del edificio contiguo, que también tendría que eliminarse. 'Nuestra manzana está formada por ocho bloques y tres locales comerciales. Somos 160 familias, es complicado que nos pongamos de acuerdo', explicó Germán Sánchez, un vecino que ha dicho 'sí'a la idea de eliminar, por fin, su casa llena de grietas.