El juez indaga si el Atlético incurrió en delito en el 'caso Torres'

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que investiga el caso Atlético, ha remitido a los juzgados de instrucción de Madrid las diligencias sobre el traspaso del futbolista del club madrileño Fernando Torres al Valencia como aval de un préstamo entre ambas entidades por si constituyese un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial al no serle notificada la operación por el interventor judicial del Atlético, Luis Romasanta. El juez ha accedido a la petición en ese sentido del fiscal, Carlos Castresana.

En marzo pasado, el Atlético recibió un crédito de 450 millones de pesetas del Valencia para resolver problemas de liquidez y avaló la operación con la venta de los derechos federativos de Torres, de 17 años. Al mismo tiempo, se acordó que el club madrileño recuperaría al delantero con dos pagarés por un total de 450 millones con vencimiento el 25 del actual mes de junio y que, si no se hacían efectivos, Torres pasaría a ser en firme valencianista.

La operación fue autorizada por el interventor judicial del Atlético, Romasanta, pero no notificada a Del Olmo. El fiscal indica además que la firma del interventor no consta en los pagarés del Atlético ni en el destino dado a los mismos.

El juez, también a petición del fiscal, requiere al interventor judicial para que le informe de las condiciones del fichaje del bosnio Hibic. Este defensa llegó del Sevilla con la carta de libertad, pero el Atlético pagó 400 millones a la empresa holandesa Van Door, que dijo ser titular de sus derechos.

Además, el juez ha decidido que, a la mayor brevedad posible, otro interventor, Manuel Souto Alonso, trabaje conjuntamente con Romasanta.