¿Intereses ocultos?

¿Por qué tiene tanto interés la presidenta del PP, Teófila Martínez, en que se mantengan Isidoro Beneroso y López Benjumea como presidentes de El Monte y de la Caja de Ahorros San Fernando y que sean ellos los que, al frente de unos órganos de gobierno sin renovar de acuerdo con lo previsto en la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía, adopten y ejecuten la decisión de fusionar ambas entidades financieras? ¿Por qué tiene tanto interés en que se paralice la renovación de los órganos de gobierno tras el acuerdo de fusión aprobado hace unos días? ¿Por qué considera que la exigencia de renovación de los órganos de gobierno de ambas cajas por parte del PSOE equivale a una ruptura del pacto suscrito por dicho partido con el PP?

La verdad es que no se entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo. Se puede comprender que los presidentes de las cajas sevillanas estén intentando por todos los medios mantenerse en el cargo la mayor parte del tiempo posible. Es comprensible también, aunque menos, que se resistan a la aplicación de la ley y que, a tal efecto, utilicen los recursos a su disposición para encargar dictámenes de prestigiosos catedráticos que justifiquen sus pretensiones. Lo que ya no se entiende es que dicha pretensión sea avalada políticamente por un partido que tiene la pretensión de ser partido de gobierno de la comunidad autónoma en la próxima legislatura. Desde un punto de vista humano, la posición de Isidoro Beneroso y de López Benjumea se entiende. Desde un punto de vista político, la de Teófila Martínez no se entiende.

Y no se entiende porque la presidenta del PP puede estar interesada en la fusión de las cajas por los motivos que sea, pero no debería estar interesada por las personas que están al frente de la misma. Que Teófila Martínez se preocupe por el futuro de la fusión de ambas cajas se entiende. Que se preocupe por el futuro de Isidoro Beneroso y López Benjumea no se entiende.

Y la presidenta del PP no puede desconocer que los presidentes de las cajas sevillanas han sido y continúan siendo el mayor obstáculo para la fusión. No han sido los artífice de la fusión, como ellos pretenden, sino los que han impedido que la fusión se haya producido ya. Si se hubiera cumplido la Ley de Cajas, la fusión ya podría ser una realidad.

En efecto, la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorro de Andalucía, fue publicada en el BOJA del 28 de diciembre de 1999 y entró en vigor, de acuerdo con lo previsto en la Disposición Final Tercera, el día siguiente de su publicación. Desde el 29 de diciembre de 1999, pues, el régimen jurídico de las cajas de ahorro de nuestra comunidad autónoma es el establecido en dicha Ley.

En las disposiciones transitorias de dicha ley, dedicadas, como su nombre indica, a regular la transición de las cajas de ahorro del régimen jurídico anterior al nuevo, se establecía un periodo de algo más de un año para que se produjera la adaptación de las cajas de ahorro a la nueva ley. En la disposición transitoria primera, dedicada a la 'Adaptación de Estatutos y Reglamentos', se fijaba un plazo de seis meses para que las cajas adaptaran sus estatutos a la nueva ley y los remitieran para su aprobación a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. En la disposición transitoria segunda, dedicada a la 'Renovación de los órganos de gobierno', se establecía que dicha renovación tendría que iniciarse en el plazo de un mes inmediatamente después de que hubiera sido comunicada por la Consejería de Economía y Hacienda a los órganos de cada caja de ahorro la decisión relativa a la aprobación de los Estatutos, fijándose a continuación un plazo de seis meses a partir del inicio de la operación para la culminación de la misma. A finales de junio de 2000 debería de haberse producido la adaptación de los estatutos a la nueva ley. En el mes de julio habrían podido ser aprobados por la Consejería de Economía y Hacienda. En el mes de septiembre podría haberse iniciado el proceso de renovación, que habría culminado en el mes de marzo de 2001. A estas alturas del año 2001 ya tendría que haberse producido la adaptación de las cajas de ahorro a la nueva ley y, en consecuencia, no debería existir el menor problema. La ley es clara y de fácil aplicación y no se entiende por qué no se ha aplicado.

Si los órganos de gobierno de las cajas sevillanas hubieran cumplido con la obligación que la ley les impone, ya se habría producido la renovación de dichos órganos de gobierno, estarían constituidos respetando los porcentajes que la ley establece y los nuevos órganos habrían podido adoptar ya el proyecto de fusión.

Ha sido el incumplimiento de la ley por parte de los actuales órganos de gobierno de las cajas sevillanas el que ha obstaculizado el proceso de fusión. Si hubieran cumplido la ley, la decisión podría haber sido adoptada ya sin que se le pudiera oponer la más mínima resistencia por parte de nadie. Se hubiera podido estar en desacuerdo con ella por motivos de oportunidad, pero no de legalidad.

Ha sido la resistencia a la aplicación de la ley el obstáculo para la fusión. Y continúa siéndolo. Ha sido el interés personal de los presidentes de las cajas sevillanas por mantenerse en el cargo lo que ha impedido que se adopten las decisiones de la forma en que tienen que serlo en un Estado de Derecho. Y es su interés personal el que en este momento sigue obstaculizando el proceso de fusión, en la medida en que, mientras no se proceda a la renovación de los órganos de gobierno, la fusión no va a poder ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía porque la Ley 15/1999 no lo permite. A lo que diga en su día el Consejo Consultivo me remito.

¿Qué vínculos existen entre los dirigentes del PP y los presidentes de las cajas sevillanas para que Teófila Martínez los esté apoyando de la forma en que lo está haciendo? ¿Por qué está más interesada en el futuro de Beneroso y Benjumea que en el de la fusión?¿Está la presidenta del PP devolviendo algún tipo de favores? Sería bueno que se nos diera una explicación.