Pactos lucrativos

Existe la idea bastante extendida de que los pactos por el empleo entre la Junta, los sindicatos y la patronal no son sino una fórmula para subvencionar de forma indirecta y vergonzante a los sindicatos y a la patronal y que su finalidad aparente -la creación de empleo- no es más que una excusa.

Es difícil conocer si, en realidad, estos pactos generan puestos de trabajo y cuánto cuesta cada uno. Lo cierto es que los balances que se hacen a posteriori -según al menos, la documentación a la que he tenido acceso- se limitan a considerar todo el empleo creado como si fuera producto de los pactos. Es casi, si me permiten la comparación, como si las confederaciones hidrográficas se atribuyeran el mérito de la lluvia caída.

Vengo siguiendo las informaciones de Diario de Cádiz sobre las revelaciones hechas por el último responsable del Pacto Territorial de Empleo de la Bahía, Jorge González Aznar. Es muy probable que sea el despecho el que haya hecho hablar, pero no hay duda de que muchas de sus denuncias son escandalosas, sean o no ilegales.

Una de las revelaciones más llamativas es que CC OO, UGT y la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) se repartieron 150 millones de pesetas para elaborar un estudio sobre la jornada de 35 horas. Mucho dinero es ese para un asunto sobre el que tienen muy claras sus posiciones tanto los sindicatos como la patronal, lo que indica que ya deben de haberlo estudiado a fondo, y, sin duda, con presupuestos más sensatos.

Los servicios jurídicos del Pacto de Empleo de la Bahía habían señalado en su momento que este estudio carecía de objetivos y de plan de trabajo previos, y que el contrato contenía una cláusula en la que las partes se comprometían a guardar secreto sobre cualquier información que pudiera dañar a alguno de los interlocutores. Es difícil adivinar mayor armonía entre sindicatos y patronal, aunque en este caso más bien se podría hablar de complicidad.

Ésta es sólo una de las muchas situaciones escandalosas denunciadas por González Aznar, a quien se acusa de obrar por despecho al haber sido despedido sin indemnización. Junta, sindicatos, patronal y el último responsable de la Mancomunidad de la Bahía, el alcalde de San Fernando, Antonio Moreno, han respondido atacando al denunciante, usando incluso argumentos xenófobos aprovechando que González Aznar es catalán. Ninguno de ellos ha rebatido los hechos denunciados. No ha habido más defensa que la descalificación del autor de las revelaciones.

Los argumentos del delegado de la Consejería de Empleo en Cádiz, Agustín Barberá, no son excesivamente convincentes: '¿Cómo se puede dudar de los sindicatos y de los empresarios que han ido siempre de la mano de la Junta en la lucha contra el paro, como se ha demostrado una vez más al cerrar el nuevo modelo de concertación social en Andalucía?'. Desde luego, una pregunta así sólo puede ser cínica o ingenua.

Para el delegado, todo es cosa de la 'maldad' de González Aznar, 'un señor que siendo de fuera viene aquí a dar una imagen nefasta de la provincia'. No, no es Arzalluz. El que habla así es andaluz y se dice socialista.