Los empresarios solicitan 1.500 inmigrantes para el campo a través de la Unió de Llauradors

El convenio firmado ayer permitirá que USO ofrezca trabajadores a través de su agencia de colocación y que la Unió, por su parte, aporte las demandas de empresarios agrarios. Por el momento, esta demanda se concreta en 1.487 solicitudes. Una cifra que la Unió estima que superará las 2.500 peticiones en función de la proximidad de la campaña citrícola y a la que espera dar respuesta.

Por el momento, las casi 1.500 peticiones de trabajadores proceden de empresarios agrarios de la Vall d'Albaida, y la Hoya de Buñol en Valencia, de Alicante y, en menor medida de la comarca del Baix Maestrat en Castellón. Las ofertas de empleo pretenden cubrir, principalmente, actividades de recolección de fruta y trabajo en almacenes entre abril y junio.

El secretario general de la Unió, Joan Brusca, explicó que la organización está elaborando una relación de empresarios, que contiene el tipo de trabajo para el que demanda empleados y la duración del contrato. Detalles con los que la Unió quiere fijar la rotación de campañas y estabilizar la temporalidad, 'uno de los principales problemas del campo', comentó. Los contratos, además, aseguran el respeto a la legalidad vigente y el alojamiento a los trabajadores, dos premisas que la Unió considera 'irrenunciables'.

Joan Brusca, de hecho, subrayó que el alojamiento es uno de los principales problemas a la hora de concretar la contratación de trabajadores. En este sentido, aprovechó para criticar la falta de respuesta oficial al plan de alojamiento presentado el 26 de febrero al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Brusca recordó que otras comunidades ya han solucionado este tema. Así, el gobierno de Murcia ha establecido un préstamo del 80% de la inversión que supone la habilitación de vivienda, junto a una subvención del 30%. Una subvención que en Aragón alcanza el 75% por beneficiario o 125.000 pesetas por plaza de alojamiento. Navarra y Cataluña también han establecido subvenciones de hasta el 50% de la inversión realizada.

Joan Brusca defendió la voluntad mayoritaria de los empresarios agrarios de contratar inmigrantes regularizados y criticó que 'la subdelegación del Gobierno no está dando facilidades para la regulación de trabajadores'.

El año pasado se realizaron 1.084 inspecciones en empresas valencianas, que se tradujeron en 378 infracciones y en multas por valor de 200 millones. Una cantidad que, en función del endurecimiento de las penas que contiene la ley de extranjería aprobada el 23 de enero, alcanzó en el primer trimestre de este año los 251 millones de pesetas.