Un juez imputa al concejal de Urbanismo de Málaga por ocultar órdenes de embargo

Más de un año después de que fuera denunciado por el grupo municipal socialista, el concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Ramos, ha sido imputado de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público por el que tendrá que prestar declaración ante el juez instructor, Luis Miguel Moreno, el próximo día 13 de junio. La imputación de Ramos se produce pocos días después de que la Audiencia Provincial de Málaga desestimara el recurso que el concejal del PP presentó contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 11, Juan Francisco Ramírez Barroso, de archivar la querella por calumnias que puso contra el portavoz municipal socialista, Francisco Oliva.

En aquel auto de archivo, el magistrado no sólo consideró que Ramos no había sido calumniado, sino que estimó motivos para imputarle un presunto delito de infidelidad en la custodia de cocumento. La acusación sotiene que Ramos ocultó dos órdenes judiciales de embargo de su sueldo en enero y abril de 1999, cuando ocupaba el cargo de director del área de Bienestar Social, para evitar que su nómina, sobre la que ya se ejecutaban entonces otros tres embargos, sufriera nuevas retenciones. Ramos es concejal desde junio de 1999. Curiosamente una de esta confiscaciones era por una deuda con la hacienda municipal de 171.840 pesetas. El juzgado envió los requrimientos al propio área que Ramos dirigía, pero en niguno de los dos casos fueron trasladadas a la sección de personal, que confecciona las nóminas, para ser ejecutadas.

De otro lado, Ramos ha abierto un nuevo frente con la Consejería de Obras Públicas de la Junta a propósito del plan de la vivienda. El edil de Urbanismo ha pedido a la Junta que parte de la financiación incluida en este plan se destine a comprar casas de segunda mano para familias necesitadas, en vez de a la construcción de nuevas viviendas de protección oficial. La iniciativa se produce después de que la fuerte presión vecinal haya obligado al gobierno del PP a dar marcha atrás al proyecto de construir 100 nuevas viviendas sociales en la barriada de La Corta, donde hay ya más de 200 levantadas.

Enrique Salvo Tierra, delegado de la consejería de Obras Públicas, dijo ayer desconocer oficialmente la propuesta, pero avanzó que la iniciativa 'no tiene encaje jurídico' en el plan de la vivienda firmado entre ambas administraciones. El conflicto en La Corta ha llevado al PSOE a plantear la necesidad de realizar un mapa donde se defina la ubicación de las viviendas sociales en la ciudad, para lo que ha pedido que se paralice la venta de patrimonio público de suelo hasta que se concluya. Ramos avanzó ayer que el gobierno del PP se opondrá a esta petición, al entender que 'no tiene sentido paralizar las operaciones de enajenación de terrenos municipales'.