Andalucía Acoge acusa al Gobierno de 'descontrol' con la inmigración
Andalucía Acoge denunció ayer la 'descoordinación y el descontrol absoluto' en la política inmigratoria del Gobierno porque, a su juicio, 'no hay un criterio uniforme' en el trato a los inmigrantes. Para sustentar su crítica, la ONG echó mano de un documento de la Administración central, una resolución de la Subdelegación de Cádiz que revoca una orden de expulsión de un inmigrante de Sierra Leona con los mismos argumentos que Andalucía Acoge esgrimió para intentar evitar la repatriación de los 37 nigerianos el pasado lunes y que fueron desoídos por el Gobierno.
La ONG alegó que la expulsión de este grupo era ilegal porque se fundamentaba en una norma derogada y que, en todo caso, procedía aplicar la legislación más favorable -la nueva Ley de Ex-tranjería-, que para casos de entrada ilegal prevé la devolución y no la expulsión. La diferencia estriba en que con la devolución no existe la prohibición de volver a entrar en el país en diez años como con la expulsión y, además, no cabe el internamiento. Pues bien, el 5 de marzo pasado, la Subdelegación de Cádiz estimó el recurso del inmigrante de Sierra Leona S. K. y dejó sin efecto su repatriación porque la entrada ilegal 'en la nueva legislación no es causa tipificada de expulsión' y, por lo tanto, 'el principio de la ley sancionadora más favorable es de atender'. Además, la resolución añade que, al haber sido detenido por entrada ilegal, su caso 'se acomoda mejor al supuesto de devolución'. S. K. se encuentra ahora trabajando en invernaderos de Almería.
'A los 37 nigerianos se les tendría que haber dado la misma respuesta que a esta persona de Sierra Leona. ¿Dónde está el principio de igualdad?', denunció José Luis Rodríguez, presidente de Andalucía Acoge.
El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, condenó ayer también la forma en que el Gobierno ejecutó la repatriación de los nigerianos, al apuntar que fueron deportados sin que se cumplieran todas las garantías jurídicas: 'No se aplicó la tutela judicial necesaria para evitar cualquier arbitrariedad'.
