La comisión argentina que investiga el 'lavado' de dinero confía en llegar al fondo de la corrupción

"Cuando un país conoce la verdad, esta misma verdad impide que siga funcionando el orden anterior. Después vendrá la justicia y la condena, pero la fuerza de la verdad impide que las conductas se repitan", reflexionó ayer la diputada argentina disidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Elisa Carrió, presidenta, además, de la comisión parlamentaria que se constituyó el pasado martes para investigar las operaciones de lavado de dinero de procedencia ilícita durante la última década en el país. La diputada Carrió expresó su convencimiento de que la investigación, sin precedentes en Argentina, permitirá poner fin a la impunidad que ha amparado la corrupción.

Las actividades sospechosas del banquero Raúl Moneta y sus relaciones con el Citibank y la compañía Telefónica, el escándalo de los sobornos pagados por IBM para la informatización del Banco Nación, la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y el contrabando de oro son los principales escándalos político-financieros en los que la comisión investigadora concentrará sus esfuerzos.

El trabajo del nuevo organismo amenaza con salpicar a buena parte de la clase dirigente argentina. Las dos grandes formaciones políticas -Partido Justicialista (PJ-peronista) y la UCR- demoraron en nombrar a sus representantes en la comisión, "porque tienen miedo", según la diputada Elisa Carrió. La presidenta de la comusión contará, como mano derecha, con el diputado del Partido Demócrata de la provincia de Mendoza Gustavo Gutiérrez, que ocupará el puesto de vicepresidente de la comisión.

Denuncia en EEUU

Los dos congresistas empezaron, cada uno por su cuenta, a investigar la corrupción y las maniobras de lavado de dinero en Argentina hace cuatro años. En mayo del 2000, presentaron una denuncia en Estados Unidos, lo que permitió que el Senado de aquel país facilitara importante documentación sobre operaciones ilegales que comprometen a políticos, financieros y empresarios argentinos. Los integrantes de la comisión han acordado que la reserva y el sigilo presidirán sus trabajos, para evitar filtraciones que podrían entorpecer los trabajos. Los diputados han requerido la colaboración de diversos organismos como el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Comisión Nacional de Valores, y la aduana, entre otros. Paralelamente a la investigación parlamentaria, el juez Juan José Galeano dirige las pesquisas de la causa de lavado de dinero.

Por otra parte, el presidente argentino, Fernando de la Rúa, firmó ayer un decreto que autoriza otra emisión de títulos de la deuda pública por un máximo de 25.000 millones de dólares, en el marco de una operación de canje para aliviar los pagos de deuda del país. Se trata de cambiar títulos con vencimiento hasta 2005 por otros que se cancelarán entre 20 y 30 años.