La Fiscalía de Alicante archiva el caso de la 'legionella' de Alcoy

La Fiscalía de la Audiencia de Alicante decidió abrir la investigación sobre la legionella en Alcoy noviembre de 2000, a pesar de que el primer brote contagioso se produjo en septiembre de 1999. Desde entonces y hasta enero de 2001 un total de 144 personas han resultados afectadas y siete fallecieron. Las diligencias del ministerio público se vieron entorpecidas en principio por la demora de la Administración, en este caso la Consejería de Sanidad, a la hora de remitir los informes que solicitó el fiscal. Sanidad no dio traslado de los expedientes hasta dos meses más tarde.

Ayer, medio año después de abrir las diligencias la Fiscalía propuso el archivo de las mismas. 'De la investigación practicada hasta ahora no se aprecia ningún indicio delictivo por parte de las instituciones públicas implicadas [Ayuntamiento, Consejería de Sanidad y Hospital Comarcal Virgen de los Lirios] en relación a su actuación y decisiones sobre este caso', afirmó Romero. 'Por tanto, pensamos que no hay responsabilidades penales suspectibles de ser perseguidas de oficio y archivaremos las diligencias', añadió el fiscal Jefe.

Esta decisión de ministerio público contrasta con la iniciativa de los afectados por la enfermedad que han encargado un gabinete jurídico la posiblidad de presentar una demanda jurídica contra la Administración. El silencio de las autoridades y la ausencia de una respuesta satifactoria ha animado a los afectados a constituir una asociación para defender sus derechos. Esta asociación sostiene que el número de personas infectadas por la bacteria en los diversos brotes es de 300, y no las 144 que oficialmente ofrece la Consejería de Sanidad.

Por otro lado, Romero propuso a la junta de fiscales el nombramiento de Miguel Gutiérrez como fiscal exclusivo de delitos laborales. Gutiérrez, a su vez teniente fiscal de la Audiencia, se ha encargado hasta ahora de la instrucción de estas causas. La decisión de Romero se produce tras la circular remitida por el Fiscal General del Estado que, prácticamente, viene a asumir las tesis que hasta ahora ha reclamado Gutiérrez para combatir desde el ámbito penal la creciente siniestralidad laboral. La necesidad de un fiscal en exclusividad ha sido una de las demandas que, año tras año, ha incluido Guitiérrez en la memoria de la Fiscalía. 'Desde ahora, Gutiérrez sólo se encargará de estas causas [las de los delitos laborales] y de las cuestiones que sean inherentes a su cargo de teniente fiscal', subrayó Romero.