Enseñanza privada
En estos días asistimos a las presiones y movilizaciones que los usuarios y empresarios de la enseñanza privada desarrollan para obtener una mayor cuota de mercado en la oferta educativa de nuestra provincia. Me gustaría resaltar un aspecto fundamental: el mecanismo de selección que ejercen los centros privados para pagar con dinero público la enseñanza de determinado alumnado.
Los colegios privados tienen que cumplir la normativa sobre admisión de alumnos sólo cuando cobran de la Administración Pública por la enseñanza que imparten. Pero la educación infantil no está subvencionada porque no es obligatoria y, por tanto, los colegios privados pueden admitir a cuantos alumnos por clase deseen y seleccionándolos ellos, con lo que la igualdad de acceso no existe.
Cuando este alumnado de infantil llega al primer curso de primaria, la Junta paga ya su educación y se hace obligatorio cumplir la normativa y ofertar las plazas en igualdad de oportunidades a todos los solicitantes. Aquí cuando surge el conflicto, pues los padres de los alumnos que entraron en infantil sin cumplir la normativa desean seguir en el colegio aunque no les corresponda por ley.
La solución que suelen ofrecer los colegios privados es mantener a los alumnos que ya tenían y admitir a algunos nuevos que tienen derecho por ley, aumentando el número de niños por clase a 30 o más (cuando debe ser de 25). Así obtienen la posibilidad de realizar una segunda fase de selección, pues al acabar el primer curso, los centros privados pueden 'descartarse' de los alumnos más problemáticos, amenazándolos con la repetición de curso e induciéndolos a irse a la enseñanza pública.
El resultado final es que en la enseñanza privada se está pagando con dinero público a un alumnado elegido, perteneciente a las capas más favorecidas de la sociedad, que queda así apartado de los niños con más dificultades, sociales o de cualquier tipo, que es atendido por la enseñanza pública. El círculo se cierra comparando los resultados (académicos y de comportamiento) entre las enseñanzas pública y privada, obviando la selección previa que se ha hecho, para incitar a los padres a que demanden más centros privados.
La empresa privada pretende así quedarse, como en la sanidad, comunicaciones y otros servicios sociales, con la parte más rentable, y además subvencionada, dejando al Estado la atención de los sectores menos rentables y más desfavorecidos.
Para evitar estas discriminaciones, la Junta debería imitar el sistema de Cataluña, donde la Administración centraliza las solicitudes de matrícula y las adjudica a los diferentes centros, en función de unos criterios reglamentados, y donde se obliga a que en cada clase, de la privada o la pública, se reserven tres plazas para alumnos con situaciones especiales de discapacidad, procedentes de minorías, etcétera.
