Las quejas al Defensor del Pueblo andaluz por el mal funcionamiento de la justicia crecieron un 27% en 2000

El funcionamiento de la justicia despertó buena parte de las 4.383 quejas planteadas por los andaluces durante el año 2000 al Defensor del Pueblo. En el informe anual, que ayer presentó el defensor, José Chamizo, al presidente del Parlamento andaluz, Javier Torres Vela, se observa que las denuncias atendidas por la institución en materia judicial -la segunda, con 708 quejas, más censurada después de la educativa- crecieron en un 27,4% en relación con 1999, aunque en términos cuantitativos fue el ámbito educativo el que provocó el mayor alud de denuncias (1.232 de parte).

En algunos casos, sin embargo, respondían a quejas presentadas de forma individual sobre el mismo asunto, como ocurrió en un colegio de Cádiz que exigía una solución a las barreras arquitectónicas. Chamizo hizo hincapié sobre el aumento del malestar ciudadano respecto a la lentitud judicial, favorecido, además, por las 87 plazas vacantes de magistrados y jueces que siguen sin cubrirse. Esta situación, a juicio del defensor, se 'complica' con la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Penal del Menor.

Amén de los retrasos, los andaluces se quejan por la falta de medios, la imposibilidad de acceder a oficinas de información y el críptico lenguaje jurídico. La vivienda fue la tercera materia (652) que más reclamaciones suscitó en 2000, seguida de los temas de salud.

A las 4.383 quejas ciudadanas se sumaron otras 142 incoadas de oficio por la institución que, en su informe, deja constancia de la actitud no colaboradora del presidente de la Diputación de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca Minera de Huelva y los ayuntamientos de Vejer de la Frontera (Cádiz), La Carolina (Jaén), Vélez-Málaga y Villamanrique. Algunas de estas instituciones corrigieron posteriormente esta actitud.

No obstante, Chamizo destacó que el 85% de las administraciones aceptaron las recomendaciones de su oficina en 1999 y que la colaboracion ha aumentado en los cinco años que lleva al frente de la institución, cuyo plazo expira en junio.

En cuanto a la procedencia de las reclamaciones, la mayoría provenían de Sevilla (1.272), seguida de Cádiz (1.268) y Málaga (499). El caso gaditano tiene la particularidad de que muchas de las reclamaciones se referían al mismo asunto. Las provincias que menos acudieron al Defensor del Pueblo fueron Almería (165) y Huelva (221). Además de los métodos tradicionales, los andaluces comienzan a usar las nuevas tecnologías para contactar: 81 quejas se enviaron por Internet.