Alemania da entrada a aportaciones privadas en el sistema de pensiones

La reforma prevé sustanciales ayudas públicas para los empleados que paulatinamente incrementen hasta el 4% de sus salarios brutos las aportaciones a planes de pensiones privados (incluidos los fondos de empresa). Una vez que se llegue a este nivel, en 2008, el Estado contribuirá a la financiación de estos planes con cerca de 20.000 millones de marcos anuales (1,7 billones de pesetas). Como demuestran los planes de fusión entre la aseguradora Allianz y el Dresdner Bank, la apertura de este mercado está revolucionando ya al sector financiero alemán.

La incorporación de los planes privados pretende evitar que el sistema público de pensiones entre en crisis por el envejecimiento de la población. La reforma fija en el 22% el tope a las cotizaciones de aquí hasta 2030 (19,1% en la actualidad) y establece en el 67% del último salario neto el monto mínimo de las pensiones a pagarse a aquellos empleados que hayan cotizado durante 45 años (70% hoy día). Muchos expertos han señalado que estos cálculos son poco realistas y que por ello la recién estrenada reforma pronto tendrá que ser revisada una vez más, eventualmente extendiendo el ciclo de vida laboral.

En este mismo sentido pretenden pronunciarse en la próximo campaña electoral los conservadores, que, pese a compartir las líneas básicas del proyecto, ayer volvieron a arremeter contra lo que, a su juicio, es un 'robo de las pensiones'. La reforma -calificada una vez más como 'histórica' ayer por el canciller Gerhard Schröder- fue rechazada por la Unión Cristiana Democrática (CDU), pero logró pasar por la Cámara alta del Parlamento, el Bundesrat.

Para garantizar el visto bueno del Bundesrat, en el que toman asiento los Gobiernos de los Estados federados, el ministro de Trabajo, Walter Riester, había incorporado dos exigencias de los conservadores: mejoras en las pensiones para las viudas y el reconocimiento de que también las inversiones en vivienda pueden ser consideradas como una medida de aseguramiento para la vejez y, por tanto, ser incluidas en el sistema de subsidios.

Al voto favorable de los Estados de Brandeburgo y Berlín, donde gobiernan coaliciones de socialdemócratas y conservadores, también contribuyó la garantía de que el organismo que dirigirá el nuevo sistema, con cerca de 1.000 empleados, tendrá su sede en esta región.