Un despliegue de 60 agentes protege el derribo de una vivienda en Vejer

Una unidad de la Guardia Civil, compuesta por 40 hombres, y una dotación de 20 agentes de la Policía Autónoma protegieron ayer el derribo de una vivienda construida de manera ilegal en suelo de dominio marítimo-terrestre del término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). Un grupo de unos 300 vecinos había impedido la demolición con sus sentadas y concentraciones en el camino de acceso al inmueble, que mantuvieron sin descanso durante 60 horas.

La Junta de Andalucía negó ayer en un comunicado que los guardias y los policías hubiese cargado contra los concentrados 'a pesar de que los agentes de seguridad sufrieron agresiones verbales y físicas, con piedras y ladrillos, por parte de los vecinos'. El delegado provincial del Gobierno andaluz, José Antonio Gómez Periñán, explicó que se disuadió a los manifestantes 'pacíficamente' después de dos días de 'constantes negociaciones'.

Gómez Periñán también dijo que, en este momento, están casi ultimados los expedientes de otras 60 viviendas que se encuentran en la misma situación de ilegalidad, contra las que se pretende actuar en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Costas del año 1988 para la protección del litoral. La medida ha sido tomada de acuerdo con una orden judicial que pretende evitar crecimientos urbanísticos irregulares en primera línea de costa.

Mientras, los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento de Vejer, que hasta la fecha no se habían pronunciado en relación al conflicto, aplican desde ayer medidas especiales de protección, después de que el concejal del área, Jaime Castro, denunciara haber recibido amenazas, 'incluso de muerte', mediante llamadas anónimas por no impedir el derribo de la vivienda. Como consecuencia de estas amenazas, una dotación de la Policía Local vigila de manera constante las dependencias municipales.

Por su parte, los vecinos dicen sentirse engañados porque, a pesar de la situación de ilegalidad, el Ayuntamiento, según su versión, ha seguido efectuando el cobro de los impuestos locales por la ocupación de la vivienda.