El PSOE amenaza con querellarse si Gil no anula el pago de 250 millones de fondos públicos a su ex abogado

El PSOE exigió ayer al gobierno municipal de Marbella y al alcalde, Jesús Gil, que se anule el pago de 250 millones de pesetas de fondos públicos al ex asesor jurídico municipal, José Luis Sierra, al considerarlo 'nulo de pleno derecho'. En caso contrario, los socialistas amenazan con presentar sendas querellas por malversación de caudales públicos y prevaricación contra los siete ediles del GIL que autorizaron este pago millonario al letrado por servicios jurídicos prestados al Ayuntamiento de Marbella.

La portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos, explicó ayer que su grupo ha interpuesto un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por el GIL en comisión de gobierno el pasado 23 de enero, en el que se autorizó el pago de cinco minutas al ex abogado del alcalde, José Luis Sierra. Según la edil, el convenio con Sierra no sigue el procedimiento legal establecido, ya que prescinde entre otras cosas del preceptivo informe de la intervención, además de que vulnera los principios de legalidad presupuestaria y las normas de contratación administrativa.

García Marcos, que tachó los honorarios del letrado de 'excesivos, indebidos, escandalosos, desmesurados, antisociales e insolidarios', recordó que el abogado no está incluido en la relación de acreedores del municipio ni el gasto está consignado en los presupuestos. Se quejó también de que la elevada cuantía de las minutas la haya fijado de forma unilateral el letrado, y consideró que éstas debieron someterse al arbitraje del Colegio de Abogados de Málaga.

'O los abogados que trabajan para el Ayuntamiento de Marbella son los más caros de la historia, incluso del cine, o estamos pagando otros pleitos que no sabemos cuáles son', dijo García Marcos. La concejala pidió que como medida cautelar se suspendan de forma 'inmediata' los pagos periódicos conveniados con Sierra a razón de diez millones mensuales. Asimismo acusó al GIL de 'incumplir su deber de salvaguardar los intereses patrimoniales del ayuntamiento y consentir el lucro de un tercero, de forma ilícita, y con fondos públicos'.

Por otra parte, Jesús Gil salió ayer al paso del informe de la Cámara de Cuentas, que detectó el desvío de 172 millones de pesetas de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol a la empresa Planeamiento 2.000 del Ayuntamiento de Marbella, mientras estuvo al frente de ambos organismos. Gil dijo que 'ni el ayuntamiento ni ninguna de las sociedades municipales tienen la obligación de justificar ante la Mancomunidad el cumplimiento de contratos firmados con terceros', y advirtió al presidente de este organismo, el popular Manuel Sánchez Bracho -que dio a conocer el documento- que 'predique con prudencia si espera que Marbella ceda los terrenos de la desaladora', necesarios para que el Gobierno pueda adquirir la planta.