El juez levanta parcialmente la intervención judicial del Atlético

El viaje judicial del Atlético, que se inició el 22 de diciembre de 1999, adoptó ayer una nueva forma: la intervención judicial a posteriori. Luis Romasanta, el interventor, controlarálos movimientos financieros después de producirse, salvo aquellos negocios o actos que igualen o superen la cifra de los 100 millones de pesetas. Con ésta son ya tres las modalidades de vigilancia que ha impuesto la Justicia en el Manzanares. Cada una más suave que la anterior. Primero fue la administración judicial, luego la intervención y ahora esta fórmula decretada ayer por el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y que coincide con las sugerencias que a través de un informe elaborado el pasado 10 de abril propuso el propio Romasanta.

Unas sugerencias, las del control 'a posteriori' de las cuentas del club, que la fiscalía anticorrupción calificó diez días después de 'inaceptables, porque el control será a partir de los datos que aporten los imputados, quienes están precisamente imputados por falsear las cuentas del club', La Fiscalía incluso consideró la propuesta de Romasanta como un 'alineamiento con una de las partes del proceso'.

La novedad de la nueva medida es que las oficinas del Atlético ya no tendrán inquilinos ajenos a la entidad. A partir de hoy, el control de los asuntos monetarios vuelve a la familia Gil -aunque sus acciones, que representan el 99 por ciento del total, siguen confiscadas hasta la conclusión del juicio-, y tan sólo necesitarán de la aprobación previa en los casos de operaciones superiores a los 100 millones.

'Quieren controlar el tema de los fichajes', interpretó Jesús Gil con cierto comedimiento nada más conocer la noticia. La mayoría de los pagos que efectúa el club por unas cantidades tan altas como los 100 millones estipulados como tope coinciden con las operaciones de traspaso de jugadores. Los pagos menores a esa cifra puesta como frontera, pasarán por las manos de Luis Romasanta para que los estudie y evalúe una vez ya estén efectuados por el club. Este último procedimiento es lo que se ha dado en llamar intervención 'a posteriori'. 'Poco a poco se ve la luz porque en realidad nunca hubo ningún delito', afirmó ayer Jesús Gil, único portavoz de la familia y del club en los asuntos judiciales en los que se ve envuelta. 'Pero sólo hemos ganado una batalla, no la guerra'.

La familia Gil ha ido recuperando poder en el Atlético a medida que avanzó el proceso abierto por el juez García castellón ante lo que consideró indicios de varios delitos de estafa y apropiación indebida. Al principio, con Luis Manuel Rubí, un inspector de hacienda, como administrador judicial del club, Jesús Gil tenía prohibido el acceso a las oficinas y hasta el palco del estadio. La gestión del club, tanto en asuntos deportivos -llegaron a destituir un entrenador, Ranieri, y fichar al sustituo, Antic- como económicos, corrió a cargo de Rubí y su equipo.

Luego, a partir del 12 de abril de 2000, una vez Rubí concluyó su informe, el juez cambió la administración por una intervención judicial. Los Gil recuperaban la gestión del club, pero con la supervisión de un interventor, Luis Romasanta. Cualquier operación debía llevar su aprobación y su firma. Y su implicación en las decisiones deportivas resultó mínima: sólo controlaba su efecto económico.

A partir de ahora, Romasanta controlará a posteriori los movimientos de tesorería del clubjiblanco y sólo deberá aprobar antes los que superen los 100 millones'.'La verdad es que los que estaban [por Romasanta] no molestaban nada', dijo ayer Gil.

Luis Manuel Rubí, el administrador judicial del Atlético cuando comenzó el caso, no quiso opinar sobre la decisión del juez. 'Prefiero no ser mezclado para nada en este tema'.