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La abogada de los dos policías de Pego expedientados por el alcalde tilda la medida de 'injusta y arbitraria'

El Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante fue ayer escenario de uno de los múltiples juicios en los que está inmerso el Ayuntamiento de Pego (Marina Alta), debido a otras tantas decisiones del alcalde, el independiente Carlos Pascual. En este caso, se trató de la vista oral del recurso presentado por dos policías locales a los que el primer edil ha suspendido provisionalmente de empleo y sueldo. La letrada de los agentes pidió la suspensión de la medida porque 'es injusta y arbitraria'. 'En ningún caso está motivada y obedece a cuestiones ajenas al ejercicio de las funciones de los agentes expedientados', añadió. El letrado del Ayuntamiento [el alcalde no acudió al juicio] defendió la legalidad de los expedientes.

El primer agente sancionado fue el cabo Gonzalo Vicens. El alcalde abrió el expediente el pasado 23 de febrero, justo un día después de que ambos [el alcalde y policía] mantuvieran un enfrentamiento en el Ayuntamiento. Estos hechos derivaron en una querella de Vicens contra Pascual por isultos, amenazas y lesiones que instruye un juzgado de Dénia. 'Con el expediente el alcalde perseguía intimidar al policía para que no presentase la denuncia', dijo la letrada.

El segundo funcionario también expedientado por el alcalde es el agente Rafael Moll, a su vez delegado sindical de CC OO, que desde el pasado 8 de marzo está igualmente suspendido de empleo y sueldo. Oficialmente, el alcalde justificó la sanción porque el agente no le hizo el saludo protocolario cuando ambos se cruzaron en la calle.

La letrada, que también representó a Moll, mantiene que el expediente es la respuesta del alcalde a las manifestaciones realizadas por el policía a los medios de comunicacón en su calidad de delegado sindical. El agente alegó que nunca negó el saludo a Pascual. 'Cuando dice que no le saludé, yo estaba dirigiendo el tráfico en un paso de peatones a la salida de un colegio', explicó. 'Además, tras la llegada de Pascual a la alcaldía nos comunicó a todos los agentes que lo tratásemos como un ciudadano más y, por tanto, que obviaramos el saludo', añadió.

Este segundo expediente también ha dado lugar a una querella que el sindicato CC OO presentó en la Fiscalía de la Audiencia de Alicante contra el primer edil por los supuestos delitos de prevaricación y limitación de los derechos de libertad sindical. El fiscal jefe ha remitido la denuncia al juzgado para que abra una investigación porque 'contiene suficientes indicios delictivos'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de mayo de 2001